El caso ERE ya tiene 229 imputados, tras los seis que se sumaron ayer recogidos en un auto de la juez instructora, Mercedes Alaya. Se trata, por un lado, del presidente de FCC Medio Ambiente, Agustín García Gila y del director de Recursos Humanos de Cespa (filial de Ferrovial), Salvador Tudela. Y, por otro, del director general de la Caja Rural de Granada, Dimas Rodríguez; otros dos directivos de la entidad.
Los dos primeros, por la concesión en 2006 por parte del exdirector general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero (uno de los cerebros de la trama) de sendas pólizas de 452.000 euros a cada empresa (FCC y Cespa) para poder aplacar un conflicto laboral desatado en Granada ese año. Los directivos imputados sabían, según Alaya, que todo se hizo "sin procedimiento alguno, sin que FCC Medio Ambiente solicitara ninguna ayuda o subvención", igual que Cespa.
La Junta de Andalucía asumió obligaciones que correspondían a las empresas, y los directivos sabían que esta actuación era "una mera liberalidad financiada con fondos públicos", señala la juez. Ambos directivos también sabían, según Alaya, que en las pólizas se incluyeron a 6 intrusos relacionados con Guerrero que cobraron 1,4 millones.
Con respecto a los imputados de Caja Granada, están relacionados con Dhul (que estaba integrada en Nueva Rumasa, empresa que tiene a su fundador, José María Ruiz Mateos, y varios de sus hijos imputados en el caso ERE), a la que se le habían concedido seis préstamos y cuyos directivos consiguieron que fueran amortizados por la Junta de Andalucía. La caja defendió ayer la actuación de los tres directivos.
En paralelo, el juzgado de Alaya recibió ayer una ampliación de la declaración del día 26 de septiembre del exbanquero Eduardo Pascual, donde detalla mejor el desvío de 18 millones para ERE otorgados por la Junta a la mutua catalana Fortia y que acabaron invertidos en hoteles en República Dominicana.
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Anticorrupción recurre el auto de Alaya