Los independentistas de los partidos nacionalistas y, sobre todo, de las asociaciones cívicas que orquestan el griterío callejero -la Assemblea Nacional Catalana y Ômnium Cultural- no se dan por vencidos tras las rotundas decisiones políticas y jurídicas que han suspendido el proceso secesionista. Artur Mas ha interrumpido la campaña a regañadientes y para evitar que los funcionarios se le rebelen -la desobediencia podría traducirse en este caso en pérdida de su condición de trabajadores públicos-, pero el Parlamento catalán se comporta como si la consulta fuera a celebrarse y existe un clima de contenida euforia que parece más bien una sobretensión con la que se trata de aplazar todo lo posible la inevitable decepción. El Parlament desobedece al Constitucional
En este marco, el independentismo trata de retroalimentarse para que no decaiga la ilusión. El miércoles, algunos medios catalanes -el digital Ara.cat, por ejemplo- se hacían eco de un supuesto informe, que nadie ha visto, del banco de inversión norteamericano Morgan Stanley, en el que se aseguraría que con la independencia Cataluña sería más rica, con unos beneficios del orden del 4%.
Sin embargo, este mismo y contradictorio estudio explicaría también, para adquirir verosimilitud, que un eventual estado catalán tendría problemas para financiarse, saldría probablemente de la Unión Europea y vería como algunos bancos, como Sabadell y CaixaBank, abandonarían Cataluña.
Pero sobre todo el argumento que más se maneja para mantener viva la llama independentista es el de un pretendido portón que habría dejado abierto el Tribunal Constitucional en la sentencia que anula la declaración de independencia del Parlamento catalán del pasado enero. El 24 de marzo pasado, el TC declaraba en su sentencia que la afirmación de que "el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano", contenida en la mencionada declaración, debe considerarse nula. Y más abajo afirma con meridiana claridad que "en el marco de la Constitución, una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España". Con estos mimbres, la consulta es y seguirá siendo, imposible.
La sentencia salva sin embargo -y en este punto reside el espejismo que han detectado los hermeneutas nacionalistas- las referencias de la declaración al derecho a decidir, siempre que se interprete que éste debe ejercerse dentro de los cauces legales.
El Tribunal, que al principio registraba diversas sensibilidades y parecía hallarse por tanto lejos del consenso, logró sin embargo la unanimidad al aceptar, tras la anterior declaración de inconstitucionalidad de la referencia a la soberanía de Cataluña, que la cuestión del derecho a decidir sí podía salvarse si se interpretaba conforme a la Constitución. En particular, si se interpretase que ese cauce de decisión debe cumplir con nueve principios recogidos en la propia declaración.
"Estos principios son adecuados a la Constitución y dan cauce a la interpretación de que el 'derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña' no aparece proclamado como una manifestación de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución, o como una atribución de soberanía no reconocida en ella, sino como una aspiración política a la que sólo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el derecho a decidir. Cabe, pues, una interpretación constitucional de las referencias al 'derecho a decidir' de los ciudadanos de Cataluña", dice la sentencia.
La sentencia concluía finalmente con la afirmación de que la referencia al derecho a decidir "expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución".
En definitiva, el Tribunal Constitucional ha dejado la puerta abierta, por ejemplo, a una reforma constitucional, que no es teóricamente imposible aunque sí lo es en la práctica. Cabría, por ejemplo, proponer que las comunidades autónomas disfruten del derecho de autodeterminación, pero es impensable que tal propuesta obtuviera la luz verde de las Cortes españoles.
En definitiva, el actual bloqueo de Cataluña sólo tiene un desenlace racional posible: el diálogo y la negociación, con vistas a una reforma del marco institucional -el salto federal, con reforma constitucional incluida, es una opción pero no la única-. Pero para que ese diálogo se produzca y tenga consecuencias positivas es preciso crear un clima propicio, que hoy no existe. Y quizá no pueda existir mientras quien hable en nombre de la mayoría política catalana sea Artur Mas, el obcecado impulsor del desaguisado, abrasado por el incendio de su propia obra.
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Artur Mas: "No rectificaré"