Las amenazas de ruptura con la legalidad sugeridas por Artur Mas en algún momento y reclamadas irresponsablemente por el líder de ERC, Oriol Junqueras, no se han cumplido, afortunadamente: el Gobierno de la Generalitat acordaba la suspensión, "de manera cautelar y temporal", de la campaña institucional de la consulta en respuesta a las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional en su admisión a trámite del recurso del Gobierno central contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N.
No podía ser de otro modo tras la publicación en el BOE de la resolución del Tribunal Constitucional que acuerda tanto la suspensión de la consulta como de la campaña institucional, incluidos los anuncios institucionales que habían comenzado a lanzarse a partir de la rúbrica de la convocatoria por el presidente de la Generalitat. De donde se deduce que las amenazas de Mas eran simples bravatas, que terminan de perfilar su personalidad.
Gran temor por los funcionarios
Ésta decisión en todo caso razonable no era optativa ya que la contraria hubiera tenido graves consecuencias. No sólo porque hubiese embarcado a las instituciones catalanas en el camino sin retorno de la desobediencia civil sino porque, de forma prácticamente automática, todos los funcionarios concernidos por las actuaciones ilegales se hubieran visto expuestos a la amenaza de una sanción, que podía haber llegado hasta la pérdida de la condición de servidores públicos y de los derechos inherentes a su carrera pública.
La Generalitat tiene ya pruebas de la determinación del Gobierno, que, sabiéndose arropado por la opinión pública y por las principales fuerzas políticas, llegará hasta donde sea preciso para detener la marcha alocada del nacionalismo catalán hacia el independentismo.
Una prueba de sensatez
Por ello, sería una prueba de sensatez que, en lugar de seguir dando pasos hacia la nada, CiU tomase la decisión de pararse a negociar. La otra opción, la de avanzar hacia unas elecciones llamadas plebiscitarias, se estrellará también en el muro de la legalidad: esta exótica figura electoral no existe en el ordenamiento español, y cualquier declaración unilateral de independencia será igualmente anulada por las instituciones garantes de la legalidad.
El artículo 155 de la Constitución da al Ejecutivo, apoyado en el Parlamento, un gran margen para actuar contra aquellas comunidades autónomas que actuen de forma que atente gravemente al interés general de España.
Las asociaciones civiles que han calentado el proceso, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, alguna de ellas con dudoso curriculum de radicalismo e intolerancia, no tienen nada que perder en este asunto, pero sí pueden terminar provocando una gran frustración. Sería deseable que los partidos y las instituciones que se han servido de estas sociedades no les sigan ahora la corriente, recapaciten y contribuyan a desactivarlas para que la inflamación no termine prendiendo en parte alguna de la sociedad catalana.
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