La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy que el Ejecutivo pedirá el próximo 27 de junio un informe al Consejo de Estado para "abordar el debate y la reflexión" sobre la modificación de la ley electoral.
De la Vega expuso las prioridades legislativas de su departamento ante la Comisión constitucional del Senado --al igual que hizo en mayo en la del Congreso-- y expresó el compromiso del Gobierno con la reforma de la Cámara Alta para potenciar su naturaleza de Cámara de representación territorial.
Propuestas de reformas
Así, aseguró que para ello el Ejecutivo está dispuesto a facilitar en lo posible el consenso y de todas las tareas que desarrolle la Cámara "en la formulación de las propuestas de reforma que estime oportunas". Se refirió además a las negociaciones para el nuevo modelo de financiación autonómica y recalcó que las comunidades "no pueden seguir siendo básicamente haciendas de transferencias, entes de gasto con escasa responsabilidad desde la perspectiva del ingreso".
En este sentido, advirtió de que profundizar en el autogobierno "exige inexorablemente profundizar también en la responsabilidad fiscal y en la determinación de espacios fiscales diferenciados" para que las comunidades puedan adoptar "responsablemente sus propias decisiones de ingresos y gastos".
Mecanismos de colaboración
De la Vega se comprometió a impulsar el desarrollo de los nuevos Estatutos de autonomía con "lealtad institucional" y por medio del diálogo, a potenciar los mecanismos de colaboración entre instituciones autonómicas y gobierno central y a respetar el reparto de competencias para reducir la litigiosidad y los conflictos de competencias.
La también portavoz del Gobierno recordó que la primera conferencia de presidentes autonómicos de la legislatura será en septiembre y su tema será la violencia de género y subrayó que el Ejecutivo presentará una propuesta para regular e institucionalizar este órgano, y así garantizar su permanencia.
Al igual que hizo el mes pasado en el Congreso, la vicepresidenta explicó que el Gobierno tiene previsto acompañar todos los proyectos normativos de un "informe de impacto autonómico" en el que se analice la distribución de competencias sobre el asunto y su incidencia en el ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas.
Reforma religiosa
De la Vega, además, aseguró que el Gobierno revisará la Ley de Libertad Religiosa de 1980 para incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre libertad de conciencia. Durante su intervención en la Comisión Constitucional en el Senado, De la Vega indicó que, "por el momento en la que fue elaborada", esta ley "desconoce el derecho a la libertad de conciencia, cuya regulación sencillamente silencia".
Así, la vicepresidenta añade que la norma tampoco contempla "muchos avances introducidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relacionados con el contenido y las condiciones de ejercicio de este derecho en un Estado aconfesional". De la Vega indicó que esta jurisprudencia "ya ha advertido acerca de los límites del derecho a la libertad religiosa en determinados contextos públicos en los que se desarrolla la vida en común", como son "los centros escolares, los hospitales públicos o los ámbitos de actuación de las Fuerzas armadas".
En este sentido, el Gobierno considera que "es tiempo de reflexionar con las demás fuerzas políticas" sobre los conflictos entre libertad religiosa y otros derechos fundamentales (a la vida, a la educación, al trabajo), para proceder, "con el debido consenso, a las modificaciones necesarias de la ley, adaptándola a la realidad de la España de hoy".
Igualmente, el Ejecutivo socialista considera que la ley debe ser modificada porque "el caracter laico del Estado le exige una mayor neutralidad ante el fenómeno religioso", de manera que se eviten "situaciones de discriminación de unas confesiones o creencias respecto de otras".
Entidades
