Realmente, no puede extrañar que CiU, un partido democrático y moderado con larga historia de consensos en Cataluña, se desmarque de un camino que, de mantenerse, solo conduciría a la ruptura, a la desobediencia civil que obligaría al Estado a adoptar decisiones rotundas. | CDC asegura ahora que la consulta "seguirá viva" aunque el TC la impugne
La consulta, más lejana
Hasta ahora, algunos miembros secundarios de la mayoría que gobierna Cataluña habían puesto en duda la celebración del referéndum del 9 de noviembre (por ejemplo, Joan Rigol, de UDC, coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Dicidir). Pero el disenso ha subido de categoría: dos consejeros de Artur Mas se han sumado este escepticismo. Primero ha sido el titular de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, y después la número dos de Mas en el Govern y encargada de la logística de la consulta, Joana Ortega, perteneciente a UDC, la formación de Duran Lleida.
La vicepresidenta del Govern ha asegurado en dos entrevistas radiofónicas que la consulta puede aplazarse si el Constitucional impugna la ley de consultas que prepara el Parlament de Catalunya o, en su caso, la convocatoria de Mas para el plebiscito 9-N. Evidentemente, Ortega contaba con el beneplácito de Artur Mas.
La manifestación de la vicepresidenta de la Generalitat, encargada de la logística de la consulta, ha sido justificada con el argumento de que lo realmente importante es que se celebre el plebiscito, y que si ahora no puede tener lugar con todos los requisitos legales, habrá que seguir trabajando para que se haga más adelante. Pero esta posición no ha sido aceptada por ERC.
En efecto, Alfred Bosch, portavoz de ERC en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, ha advertido que el retraso sería "un engaño al pueblo catalán". "Ya tenemos uno. ¿Para qué queremos otro 9 de noviembre? ¿Qué cambiará?", ha añadido.
Por su parte, Joan Tardà, diputado de ERC, ha afirmado por Twitter que el Govern "ha decidido suicidarse" al dejar la puerta abierta a un aplazamiento de la consulta. Para Bosch, la polémica no debería ser qué hace el Govern ante un eventual rechazo del TC a la ley de consultas, sino "qué disparate hará el Estado para boicotear y sabotear las urnas". Tampoco han visto con buenos ojos las evasivas de CiU los demás partidos que han apoyado el 'derecho a decidir', ICV-EUiA y CUP.
Un pacto bajo palio
Ha llegado a afirmarse, aunque sin el contraste necesario, que Artur Mas ya habría garantizado al presidente del Gobierno que la consulta no se celebrará si no se dan los requisitos legales necesarios. Lo que sucede es que esta vuelta atrás extemporánea, que se produce después de un alocado delirio, tendrá un altísimo precio para CiU: nada menos que haber entregado la hegemonía política a ERC. En estas condiciones, es claro que, si no cambiasen las tendencias, podría darse el caso de que el referéndum ilegal fuera convocado por Esquerra después de las futuras elecciones autonómicas.
De todos modos, parece que el descenso del soufflé independentista no sólo alcanza a CiU: también la sociedad catalana, ahora golpeada por el caso Pujol, parece dar muestras fehacientes de cansancio.
Es muy significativo que las inscripciones para la Diada del 11 de septiembre, que fueron a estas alturas más de 300.000 el año pasado, no lleguen en esta ocasión a 70.000.
El descubrimiento de un colosal pastel de corrupción en la cúpula del nacionalismo, que no ha hecho más que asomar y que dará lugar a nuevas y colosales revelaciones, resta glamour y densidad intelectual a la causa soberanista. El "España nos roba" de los viejos lemas se ha vuelto irónicamente contra algunos de sus promotores, que aparecen como los autores del gran desfalco.
Entidades
La Generalitat abre la puerta a aplazar la consulta