Podemos y sus bases no descansan. Ni siquiera en agosto. Lejos de esperar al inicio del curso político en septiembre, los simpatizantes de la formación que lidera Pablo Iglesias siguen haciendo en sus asambleas y Círculos propuestas de regeneración para el país. Una de las últimas que con más fuerza ha calado entre ellos es la de revisar y controlar la función pública. El perfil medio del votante de Podemos: jóvenes urbanos y universitarios
La idea parte como una forma de evaluar la capacidad de los funcionarios y evitar que haya trabajadores del Estado "acomodados en su puesto de trabajo sin haber avanzado en sus conocimientos", indican los seguidores de Podemos.
Con el fin de evitar ascensos o compensaciones que queden lejos de la meritocracia supuesta a la función pública, la mayor parte de las bases de Podemos, informa Vozpópuli, dice optar por la realización de controles y evaluaciones periódicas después de cinco o siete años en un mismo puesto. Eso sí, nunca contemplando la expulsión o la sanción severa en caso de no superar estas pruebas, sino contrarrestando esta pérdida de aptitud con cursos de formación y otros planes de reciclaje.
Una medida que un simpatizante de Podemos resume así: "Las oposiciones que se pasan en la pública, se pasan diariamente en la privada. No estoy a favor de destruir empleo público para nada, pero sí que sea más dinámico mediante controles reales de mantenimiento de actitudes y aptitudes".
Sin embargo, no todos dentro de Podemos piensan igual, ya que algunos de sus miembros prefieren medidas más radicales, barajando incluso las penalizaciones. Es el caso de un funcionario en excedencia consultado que trabaja en un organismo europeo y que apuesta por "un sistema que permita premiar a los buenos (no a los que hacen su trabajo, sino a los que hacen más que lo que deberían o sus resultados son mejores de lo que se espera de él), y uno que degrade a los malos". Este funcionario asegura que en este organismo europeo, su función va emparejada a una puntuación, y que de no llegar a un mínimo, su puesto puede incluso correr peligro.
Otros seguidores de la formación de Iglesias apuestan por caminos intermedios como el demérito, un concepto que ya recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) como "una penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria" y que serviría para evitar llegar al extremo de la expulsión.
Por contra, no son pocos los integrantes de los Círculos que critican estos postulados y abogan por una mayor defensa del empleo público. Así, algunos aseguran que la realización de una oposición exige una gran dedicación de tiempo y dinero, de manera que lo más justo sería otorgar cierta estabilidad laboral a las personas que la superen. Otros aseguran que la realización de examenes evita, en parte, el 'enchufismo' en el acceso a las plazas convocadas.
Uno de estos simpatizantes asevera que "ya existe un régimen sancionador y un catálogo de derechos y deberes de los funcionarios", a lo que añade que "sólo es necesario aplicarlo y punto".
Otro punto en el que inciden estos críticos con las evaluaciones es el problema de reformar la Administración por abajo sin entrar en el problema de las cúpulas o los altos estamentos. "El control debe empezarse por arriba", sostiene uno de los defensores de esta postura.
En el extremo totalmente opuesto a los que exigen esta serie de medidas de control están los que aseguran que se trata de un debate más propio del PP que de una formación de izquierda como Podemos, llegando alguno de estos críticos a afirmar que estas propuestas son "más de derechas que Aznar".
Por su parte, muchos de los funcionarios que simpatizan con Podemos ya han advertido del peligro de medidas como éstas: "Cualquier gobierno se frotaría las manos si contara con la posibilidad de evaluar el trabajo de los funcionarios y determinar, según afinidades, quién sigue o no sigue en su puesto".
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