La vieja estrategia de no hacer ruido para no agrandar el problema comienza a quedarse caduca. Ha sido la receta de Moncloa a la hora de enfrentarse a Artur Mas y su desafío soberanista lo que le costó a Mariano Rajoy el primer toque de atención por parte de los empresarios.
Esta primavera, unos 200 hombres de negocios le pidieron al presidente básicamente que dejara la discreción a un lado y que reaccionara. Le advertían de algo que los organismos comunitarios se han cansado de repetir hasta la saciedad: Cataluña si se independiza, se quedaría fuera de la UE lo que, de paso, afectaría y muchos a sus negocios. Hasta entonces, no adoptar ningún remedio respondía a algún tipo de justificación. Es cierto que parte de la sociedad catalana apoya la consulta, por lo que la estrategia de no tomar una postura activa podía evitarle la enervación de otros cuantos.
Paso al frente
En el caso de la corrupción, sin embargo, no hay sensibilidades que se puedan ofender por el hecho de que el Ejecutivo o los ejecutivos den un paso valiente hacia el frente. Al menos, no moralmente hablando.
Es lo que demandan estos empresarios que ven en el caso Pujol y en los escándalos de corrupción un peligro más para sus finanzas.
Pero no sólo ellos. Según el último barómetro del CIS del mes de julio, el 41,5 por ciento de los españoles considera ya el fraude y la corrupción como el segundo problema del país. De hecho, tan sólo el paro desbanca esta lacra como mayor dolor de cabeza de los españoles.
Bajo estos gritos de indignación, cuesta entender que los partidos sigan discutiendo qué incluir y qué no en una Ley de Transpariencia. O, por citar otra menudencia, que las ideas del Gobierno por acabar con el fraude sea la publicación de una lista de morosos. Mientras la prensa continúe llenando sus portadas con nuevos casos de corrupción, cada día tiene menos sentido que el Ejecutivo siga sopesando si es peor el remedio que la enfermedad.
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Pujol el sardanista de la barretina