Mercedes Alaya, la juez que investiga ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, ha ampliado la investigación del caso, que hasta ahora se limitaba al periodo comprendido entre los años 1999 y 2010, a las ayudas concedidas en 2011 y 2012. En el mismo auto, del día 15, en el que informa de esta decisión imputa además al exsecretario general de Hacienda y exviceconsejero de Economía y Hacienda, José de Haro.
La actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, pasó a formar parte del Ejecutivo autonómico en mayo de 2012 como consejera de Presidencia. Abarcar el año 2012 es relevante porque la teoría de la juez, respaldada por el auto de ratificación de la imputación de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, es que el consejo de Gobierno conocía el sistema irregular de gestión de fondos.
Otra derivada relevante de esta ampliación del ámbito temporal de investigación es que incluirá, entre otros, el ERE y las prejubilaciones de 800 empleados de Santana en 2011, cuando la Junta decidió cerrar la empresa de la que era único accionista. El coste de ese proceso, junto a las ayudas comprometidas para recolocar a otros 300 empleados (promesa incumplida por la Junta a día de hoy) y la propia liquidación de Santana, ascendió a unos 100 millones.
En el auto, notificado ayer, la magistrada argumenta, respecto a la nueva investigación que es necesario "completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012" con cargo al programa 31L -el fondo de reptiles-". Requiere por ello a la Junta de Andalucía para que, en el plazo de dos días, "remita relación de las ayudas concedidas e importe de las mismas durante 2011 y 2012, las resoluciones por las que se acordaba la concesión de éstas y la fecha de abono en su caso". Además de Santana Motor, en 2011 también se aprobó el ERE para la empresa Astilleros de Sevilla, que afectó a 58 empleados y fue sufragado por la Junta.
En relación a la imputación del exviceconsejero de Economía y Hacienda, la juez pone de manifiesto que José de Haro sucedió como secretario general de Hacienda a Antonio Estepa -también imputado en la causa- en abril de 2004, desempeñándolo hasta el mismo mes de 2009. Como secretario general "estuvo a las órdenes del titular en aquellas fechas, José Antonio Griñán", por entonces consejero de Economía y Hacienda, recalca el auto. De Haro se encontraba además adscrito a la secretaría general de la Intervención de la Junta.
Según la juez, "en virtud de lo anterior tendría una activa participación en el uso inadecuado de las transferencias de financiación en el programa 31L durante el proceso de elaboración de los Presupuestos y, de igual modo, conocería el falseamiento del presupuesto necesario en Idea" creando un déficit ficticio que justificara la recpeción de esas transferencias.
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Así es la ampliación del caso