Manifestarse frente al Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos sin comunicarlo o incumplir los requisitos de la ley de reunión será sólo infracción leve si no hay incidentes, mientras que se considerará grave si hay una "perturbación" destacada del orden público.
Estas sanciones se incluyen en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y del que dio cuenta el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno.
El titular de Interior explicó que el proyecto aprobado por el Ejecutivo servirá para "garantizar más y mejor la seguridad ciudadana", al tiempo que dará "más seguridad jurídica" y más protección a los derechos y libertades de los ciudadanos.
Asimismo, el ministro se refirió a que entre las novedades de la iniciativa legislativa del Gobierno está que manifestarse frente al Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos sin comunicarlo será infracción leve si no hay incidentes, pero pasará a ser grave si hay una alternación grave del orden público.
El titular de Interior destacó que en la Ley de Seguridad Ciudadana vigente, que data de 1992, contempla que concentrarse frente a las instituciones parlamentarias es grave simplemente por llevarse a cabo, sin tener en cuenta que haya violencia o no. Fernández Díaz destacó que esta es la "auténtica realidad" del proyecto del Gobierno y esto puede ayudar a aclarar "dudas" sobre lo que se había dicho sobre el derecho de manifestación a raíz de la nueva regulación sobre seguridad ciudadana.
Asimismo, preguntado sobre qué hubiera ocurrido con el caso del asedio al Parlament de Cataluña con la nueva ley, el ministro dijo que, tras la absolución, los acusados podrían haber recibido una sanción administrativa. No obstante, el ministro destacó que en el actual Código Penal es delito acosar o agredir a parlamentarios.
Más novedades
Otras novedades del proyecto de Seguridad Ciudadana son una regulación más precisa de las identificaciones y cacheos, entre los que destaca que, a petición de Intermon Oxfam, se expedirá un "volante" a las personas detenidas en comisaría donde se aludirá al tiempo de estancia en dependencias policiales y los funcionarios que han estado en contacto con el ciudadano retenido.
El ministro indicó que el texto aprobado este viernes por el Gabinete de Mariano Rajoy se ha visto enriquecido por las aportaciones de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el CGPJ, así como de ONGs como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam. El titular de Interior remarcó que las aportaciones recibidas hacen que el proyecto que se envía a la Cámara Baja tenga "mayor calidad jurídica", sea "profundamente garantista" y encuentre "pleno encaje en sistema constitucional". En esta línea, resaltó que se han incorporado sugerencias como la realizada por Intermón Oxfam, que pidió que se diese un documento acreditativo de las estancias en comisaría a efectos de identificación.
Asimismo, Fernández Díaz se refirió a que la futura ley regula por primera vez los cacheos y establece un marco jurídico más concreto para las identificaciones de ciudadanos. Una novedad en este terreno es que se alude a que no podrá haber identificaciones por grupos raciales o sociales, lo cual es la primera vez que se incluye una norma con rango legal.
"Sanciona menos y mejor"
El PP ha calificado la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana como "una garantía para la tranquilidad cotidiana de nuestras calles" que "sanciona menos y mejor" y sin dejar de proteger el derecho a la manifestación.
En un comunicado, el diputado popular Conrado Escobar valora el proyecto de ley aprobado esta mañana por el Consejo de Ministros, del que afirma que se trata de una norma que "ofrece el mejor marco posible para el ejercicio pacífico de nuestras libertades básicas".
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La 'guerra' que mató la Ley de Seguridad