La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado que recurrirá en casación ante el Supremo la absolución de los 19 acusados de asediar el Parlamento catalán el 15 de junio de 2011 durante una protesta convocada bajo el lema 'Paremos el Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes'. Lara saluda la sentencia del asedio al Parlament.
El Ministerio Público considera que la sentencia incurre en una infracción de ley y que en ella se vulnera el precepto constitucional incluido en el artículo 24, en el que se reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les absolvió ayer de la comisión de delitos contra las altas instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita. Los magistrados Fernando Grande Marlaska, Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez Valcárcel condenaron a uno de ellos, José María Vázquez Moreno, como autor de una falta de daños a la pena de cuatro días de localización permanente por realizar una pintada en la espalda de la chaqueta de la diputada del Parlament Montserrat Tura con unos trazos.
La Fiscalía solicitaba para ellos cinco años y medio de cárcel, así como una multa de 7.500 euros. Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el 15M ante el Parlament derivó en situaciones de asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos el presidente catalán Artur Mas, al que se le impidió el paso cuando viajaba en su vehículo oficial, que fue golpeado y zarandeado. Al final tuvo que acceder a la cámara en helicóptero junto con otros diputados.
La resolución especifica que todos los acusados "ejercieron el derecho fundamental de manifestación, sin que pueda imputárseles acto alguno que pudiera significar un exceso o abuso".
Indica, además, que no existen pruebas que apunten a la comisión de los delitos imputados y agregan que las conductas que se atribuyen a la mayoría de ellos consistieron en participar en la manifestación convocada en protesta por los recortes, permaneciendo en el lugar que las fuerzas de seguridad habían clausurado mediante el cierre de las puertas de acceso al parque que rodea la sede del Parlament y encontrándose por ello con alguno de los parlamentarios.
La sentencia especifica que la libertad de expresión y el derecho de manifestación y de reunión "gozan de una posición preferente en el orden constitucional" y por ello, debe ser objeto de una especial protección".
Difícil hacerse oír
El tribunal considera que existen pocos cauces de expresión de acceso al espacio público y que por ello amplios sectores de la sociedad tienen "una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social".
"Resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo", dice la sentencia.
La Fiscalía, el Parlament y el Govern
La reunión del órgano gestor de la Cámara ha abordado este debate este martes, y, aunque la decisión definitiva se tomará oficialmente este miércoles en una nueva reunión, todos los grupos representados a excepción de ICV-EUiA -en la Mesa no están C's y CUP- han apostado por presentar el recurso.
Tanto los ecosocialistas como la CUP, que han mostrado su rechazo al recurso, han pedido la convocatoria de una Junta de Portavoces para que todos los grupos puedan debatir sobre los pasos a seguir por el Parlament, una tesis que comparte C's, aunque ellos sí ven con buenos ojos el recurso.
En declaraciones a los periodistas, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha criticado el fallo de la Audiencia ya que, a su juicio, menosprecia los hechos vividos por los diputados: "No digo que se burlen, pero le dan poca importancia".
"No puedo olvidar el 11 de junio de 2011", ha apuntado De Gispert, que ha rememorado la violencia, agresiones e intimidación que sufrieron los parlamentarios, y ha recordado que ella tuvo que acceder al Parc de la Ciutadella en helicóptero tras cuatro intentos fallidos con su vehículo oficial.
"Quien está en defensa de la democracia debe estar a favor de la presentación de este recurso", ha esgrimido Millo, mientras que Turull ha cuestionado si los jueces hubieran hecho la misma sentencia en el caso de haber sido ellos las víctimas del asedio.
El líder de C's, Albert Rivera, ha asegurado que su partido acata las sentencias, pero ha defendido el derecho de la Cámara a recurrir porque una cosa es la libertad de expresión y otra la violencia con la que, ha dicho, actuaron algunos de los manifestantes.
El Govern recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que absuelve de la comisión de delitos contra las altas instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita a los 19 acusados de asediar el Parlament el 15 de junio de 2011 durante una protesta contra los recortes.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consell Executiu el portavoz del Govern, Francesc Homs, que, pese a destacar que respetan la sentencia, han decidido recurrirla al contener aspectos que no comparten.
"Hay un contraste con lo que todo el mundo vio y los hechos que se consideran no probados. No se trata de buscar culpables, pero sí hay que dar el mensaje de que hay cosas que no pueden pasar y no estamos dispuestos a que pasen", ha expuesto.
Oposición de ICV-EUiA y CUP
A De Gispert le han respondido el diputado de la CUP David Fernández y la portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, que han rechazado que el Parlament recurra la sentencia y han subrayado que este caso nunca tuvo que ser juzgado por la Audiencia Nacional.
"Intentaron imputar unos cargos a sabiendas de que eran falsos", ha censurado Fernández, que ha deplorado que el Parlament y la Generalitat hicieran el ridículo yendo de la mano del sindicato Manos Limpias para llevar a 20 jóvenes ante lo que ha definido como un tribunal de excepción.
Camats ha remarcado que los ecosocialistas no avalan la presentación de este recurso porque consideran que este caso nunca debió haber llegado a la Audiencia Nacional, y ha pedido explicaciones al entonces conseller de Interior, Felip Puig, por un dispositivo policial que el fallo pone en entredicho.