Si la Audiencia Provincial de Baleares no lo evita -la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado ya la presentación de un recurso-, la infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados para responder por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública y otro por blanqueo de capitales, que en el peor de los escenarios podrían acarrearle una condena de hasta 16 años de prisión.
El juez José Castro mantuvo ayer la imputación, en un auto por el que cerraba la instrucción del caso Nóos y lo pasaba a procedimiento abreviado, es decir, a juicio. "Es suficientemente indiciario que Doña Cristina de Borbón y Grecia participó en las actividades defraudatorias cometidas a través de Aizoon", asegura el juez.
Esta sociedad patrimonial, participada al 50 por ciento por la hermana del Rey Felipe VI y su marido, Iñaki Urdangarin, se habría utilizado para el blanqueamiento de fondos. De acuerdo con el auto, la Infanta habría actuado como escudo ante la Agencia Tributaria. "Los supuestos delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Don Iñaki Urdangarin difícilmente se podrían haber cometido sin, cuanto menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a un tercero incidiariamente mantuviera una actitud propia de quien mira a otro lado". En este punto, el magistrado considera que sin el conocimiento, apoyo y participación activa de la Infanta, Iñaki Urdangarin nunca podría haber defraudado 337.143 euros en apenas dos ejercicios -las propuestas de liquidación del IRPF arrojan un déficit tributario para el marido de la Infanta de 182.005 euros en 2007 y de 155.138 euros para 2008-.
Intervención imprescindible
Para el juez Castro está claro que "la actuación de Doña Cristina de Borbón viene marcada por indicios de criminalidad que deberían descartarse o confirmarse en juicio". Así, apunta que los supuestos delitos nunca se podrían haber cometido "sin la decisiva intervención del entramado societario" del que siempre fue "activa protagonista Cristina de Borbón". En este punto también señala como coautora necesaria a Ana María Tejeiro Losada, la esposa de Diego Torres, el antiguo socio de Urdangarin, que fue excluida, junto a la hermana del Rey, por la Agencia Tributaria de cualquier responsabilidad en el delito contra la Hacienda Pública. "Se está en el caso de imputar los rendimientos obtenidos a quienes aparecen sin discusión como los únicos sujetos pasivos, esto es, los señores Diego Torres e Ignacio Urdangarin", recoge el citado informe.
En el caso del marido de la duquesa de Palma, la Agencia Tributaria asegura que las defraudaciones se llevaron a cabo gracias a que "la sociedad pantalla" Aizoon se prestó a ser utilizada para tales fines. En este contexto, el juez instructor va un paso más allá y asegura que la Infanta y su marido constituyeron la sociedad mercantil en 2003, poco antes de que se cambiara el objeto social de Nóos, con el objetivo de "servirse la una a la otra".
No en vano, Aizoon se mantuvo sin actividad hasta que en 2004 Nóos firmó acuerdos con Valencia y Baleares para llevar a cabo los distintos foros. En ese año, la sociedad del matrimonio Urdagarin-Borbón se estrenó con tres clientes: el Instituto Nóos al que facturó 191.559 euros; Nóos Consultoría Estratégica, a la que facturó 175.160 euros y el Ayuntamiento de Alcalá, al que cargó 7.000 euros. En el Valencia Summit de ese año faltan por justificar facturas por valor de 837.597 euros. En 2005 la historia se repite y en 2006 las tres única facturas declaradas corresponden a los servicios que Urdangarin prestaba como asesor en Motorpress Ibérica, Mixta África y Aceros Bergara.
Reparto de beneficios
Con estos datos, el magistrado concluye que ambos cónyuges crearon Aizoon para "servir de cauce para el reparto de los beneficios", "participar de manera fiscalmente opaca en los beneficios obtenidos por Aizoon" y "crear un patrimonio familiar a repartir por mitad entre ambos socios".
"La actividad defraudatoria nunca hubiera tenido lugar sin la activa intervención de Aizoon creada sin más motivo aparente que el general defraudatorio y coparticipada al 50 por ciento por ambos cónyuges", asegura Castro, que en más de una ocasión, a lo largo de las 167 páginas del auto, se ha mostrado contundente con la implicación de la Infanta en los negocios de su marido. "Hay sobrados indicios de que (Cristina de Borbón) colaboró activamente", mantiene.
La hermana del Rey es la única que está imputada por blanqueo de capitales en el marco del caso Nóos, ya que presuntamente "convirtió o transmitió bienes, sabiendo que tiene su origen en un delito y realizó actos para encubrir su origen ilícito", tal y como apunta una sentencia del Tribunal Supremo citada por el magistrado en el auto de cierre de la instrucción. Castro no se cree en ningún momento que la Infanta no supiera qué estaba pasando en Aizoon ya que alquiló una de las habitaciones de la vivienda familiar a la sociedad "creando así un nuevo cauce para el vaciado de sus fondos", asegura.
En esta línea, el magistrado destinado en Palma de Mallorca apunta a que "hay sobrados indicios" de que la hija de Juan Carlos de Borbón intervino, por una parte, lucrándose en su propio beneficio y, por otra parte, "facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50 por ciento del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon", reza el escrito al que ha tenido acceso este diario.
Y es que, según recuerda el magistrado Castro, la Infanta llevaba a cabo gastos estrictamente personales, como viajes al extranjero (la familia realizó un viaje a Río de Janeiro por importe de unos 5.000 euros), regalos (compró una vajilla por 1.741 euros) u obras en la vivienda de Elisenda Pinos (puso ventanas por 28.914 euros y barandillas) "a sabiendas de que repercutiría a Aizoon". En este punto, no hay que olvidar que, según apunta el instructor en numerosos autos, los empleados domésticos de la familia Urdangarin-Borbón estaban contratados por Aizoon, por lo que la sociedad mercantil ideó simulaciones contractuales para trabajos que nunca se habrían de realizar.
"Doña Cristina de Borbón intervino de manera directa en la contratación de personal de servicio doméstico, al que anunció que si superaban el período de prueba les serían pagados sus salarios en negro, para luego ser contratados por la entidad Aizoon", concluye Castro.
Tal y como entiende el magistrado, los gastos familiares coinciden con la minoración de la base imponible del impuesto de sociedades que tendría que pagar Aizoon por lo que éstos se estarían financiando a cargo del erario público. Así, estos desembolsos supondrían un delito de blanqueo de los fondos que su marido habría obtenido, o más bien, no desembolsado, gracias a sus defraudaciones fiscales.
Más allá de los "claros indicios" a los que alude el auto, el magistrado se lamenta de que la falta de colaboración de la Infanta durante su declaración como imputada no le haya permitido valorar la posible desimputación de la hermana del Rey, tal y como fue solicitada.
Castro asegura que, durante el interrogatorio, Cristina de Borbón en muchos casos apelaba a la falta de memoria, en otros a la ignorancia en cuestiones en las que presuntamente había intervenido (su firma consta en documentos) y en otras respondía de forma dubitativa. "Si la explicación a esta actitud residía en la confianza, veneración o amor que procesaba a su marido así como la repercusión que a efectos penales pudiera en su caso de ellos derivarse, es cuestión sobre la que el instructor no debe pronunciarse, quedado reservado su tratamiento al acto del juicio oral", culmina.
Aparte de la imputación de la Infanta, el juez acusa a su marido de haber cometido ocho delitos: prevaricación administrativa, fraude a la administración, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, delito de estafa, falsificación de documentos mercantiles y dos delitos contra la Hacienda Pública. Por su parte, su exsocio Diego Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, se enfrentan a los mismos a excepción del fraude fiscal: se les imputa uno.
Pero no todo han sido imputaciones. En el escrito, presentado ayer, el magistrado ha desimputado a Mario Sorribas Fierro, Luis Tejeiro Losada, Robert Cockx ("pese a su intervención decisiva en las escapadas de dinero a Suiza"), a Salvador Trinxet Llorca (maestro indiscutible en la creación de andamiajes societarios en paraísos fiscales), Miguel Zorío Pellicer, Carlos García Revenga (el secretario de las infantas, aunque estaba al tanto de las actividades de Urdangarin y pudo prestar asesoramiento), y a Alfonso Grau Alonso, vicealcalde de Valencia.
Recursos y reacciones
Este auto no es definitivo y la imputación de la Infanta puede quedar en aguas de borraja. El fiscal Pedro Horrach ha anunciado que lo recurrirá únicamente en lo que se refiere a la imputación de la hermana del rey Felipe VI. "La Infanta ha sido tratada de forma injusta. Tras escuchar a trescientos y pico personas no existen elementos incriminatorios contra ella. Ha sido imputada por ser quién es", aseguró el fiscal anticorrupción en declaraciones a Efe, con las que parece confirmar su absoluto distanciamiento de las tesis del instructor.
Al recurso de la fiscalía se sumará el de la defensa de la Infanta Cristina. El abogado Miquel Roca afirmó ayer en Barcelona que recurrirá la imputación el 2 de julio, porque "no hay bases ni indicios".
En este sentido, Roca confía en que la Audiencia Provincial acepte su recurso, tal y como ya sucedió en mayo de 2013, cuando el magistrado Castro imputó a Cristina de Borbón por primera vez en relación a su participación en las actividades presuntamente delictivas de Nóos, del que fue vocal entre septiembre de 2003 y marzo de 2006.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, manifestó en respuesta a la fiscalía que "los autos, antes de recurrirlos, hay que leerlos". El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió que "la justicia es igual para todos los ciudadanos, sin necesidad de que tenga que haber actuaciones concretas que lo vengan a acreditar". El juez de la Audiencia Eloy Velasco coincidió y dijo que esto demuestra que "nadie está encima de las leyes".
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Los nueve delitos de Urdangarín