Operación Cirene, ERE, Nóos, Novo Carthago, Pokémon. Son los nombres de algunos de los casos que ayer y hoy ocupaban lugares destacados en las portadas de los diarios y en los titulares de los informativos de radio y televisión. Escándalos de presunta, y en algunos de ellos ya probada, corrupción de instituciones, partidos y responsables políticos y sindicales, que se suman a otros latentes y todavía en proceso como los Gürtel, Palau, ITV...
Y así hasta un total de 730 casos de corrupción, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación abiertos contra partidos políticos, de los que 264 son procedimientos penales contra cargos públicos o políticos del PSOE y otros 200 contra miembros del PP.
Son los que más tienen porque también son los que más mandan o han mandado. Pero los informes de la Fiscalía General del Estado incluyen también 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra dirigentes de Convergencia i Unió, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independentista Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, otros 3 de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.
Es decir, aquí no se salva nadie. Vivimos en un estado de corrupción generalizada y consentida, mientras los responsables de las organizaciones implicadas, agentes sociales incluidos, tienen la desfachatez de darnos lecciones de moralidad, y demandar honestidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a unos contribuyentes ahogados por una política fiscal confiscatoria y hartos de ser ellos quienes pagan tanta estafa, saqueo y latrocinio.
Pero, por si no fuera suficiente este ejercicio de cinismo y de desprecio hacia los ciudadanos y votantes, todavía tenemos que soportar los exabruptos de determinados dirigentes de esta izquierda trasnochada, de caviar y de prebendas, con Cayo Lara a la cabeza, con los que arropan su rechazo al aforamiento del Rey don Juan Carlos I. Ellos que, junto a otros diez mil cargos políticos estatales y autonómicos disfrutan sin pudor y por la cara de este privilegio al que ni han renunciado ni está dispuestos a renunciar. Aunque sólo sea para predicar con el ejemplo.
Son los mismos que se aprovechan de su cargo y de su aforamiento para delinquir o proteger a delincuentes, por que delito es asaltar supermercados para robar o allanar fincas privadas, como el esperpéntico alcalde de Marinaleda y sus secuaces.
Los mismos que callan ante el escándalo de UGT y los ERE y la formación en el gobierno de Andalucía al que sostienen y del que forman parte. Pero, ellos no. Ni renuncian al privilegio, ni dimiten.
Por cierto, hablando de dimisiones, ¿a qué espera el señor Cándido Méndez para dejar de perpetuarse en la UGT? El fraude con el dinero de los parados y de la formación de los trabajadores debería ser causa formal de dimisión. Por cómplice y consentidor si lo sabía. Y por ignorante e ineficaz si no estaba al corriente. Eso es lo ético y lo democrático. Y lo demás cinismo y caradura.
Los pagos de UGT