El consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) debatió ayer a petición de la delegación española y portuguesa el procedimiento a seguir para el cese de Magdalena Álvarez como vicepresidenta del organismo por su imputación en firme por el fraude de los ERE en Andalucía, pero aplazó la decisión final a su próxima reunión de julio.
"A petición de varios miembros, el consejo de administración del BEI ha tenido una discusión procedimental sobre los riesgos para la reputación del ente relacionados con las acusaciones que pesan sobre la vicepresidenta Álvarez", informó una portavoz del Banco a través de un comunicado a los medios de comunicación.
Tanto el Gobierno español como el portugués -valedores del nombramiento de Álvarez en 2010, cuando accedió al puesto- habían solicitado formalmente a la institución que comience a estudiar cómo proceder a la expulsión de Álvarez, pues no existen precedentes de este tipo en una de las principales instituciones comunitarias.
El caso volverá a ser discutido en el próximo consejo de administración previsto para el 22 de julio. "Una discusión adicional sobre el fondo de cualquier riesgo de reputación para el BEI podría producirse en una reunión posterior del consejo de administración, posiblemente en julio en Luxemburgo", añadió la portavoz de la institución.
Desde que estalló el escándalo de los ERE, el presidente del Banco, Werner Hoyer, había defendido la presunción de inocencia de la viceresidente. Sin embargo, el statu quo ya no podía mantenerse después de que la Justicia española haya comenzado a embargar los bienes de la exministra para cobrar la fianza civil de 29.568.129 euros impuesta por considerarla como una de las principales artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró más de una década en la Junta de Andalucía.
Alaya impuso dicha suma teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía hasta febrero del año 2004.
Además, el debate en la cúpula de la institución se produce después de que la representante española en el consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones y subdirectora general del Ministerio de Economía, Clara Crespo, enviara una carta al presidente de la institución para solicitarle un dictamen de los servicios jurídicos para determinar las gestiones necesarias para llevar a cabo la sustitución de Álvarez y cuáles son las circunstancias que concurren para aplicar sanciones contra los cargos por "riesgo reputacional" para la institución financiera.
Crespo solicitó además una aclaración sobre los requisitos para la adopción de los acuerdos por el Consejo de Administración y el Consejo de Gobernadores, así como sobre quién inicia el procedimiento, qué mayorías son necesarias para su aprobación y qué documentación hay que presentar.
Un relevo
Se prevé que el BEI decida la sustitución de Magdalena Álvarez, que sería relevada, debido a las consecuencias que pudiera tener sobre la imagen de este organismo comunitario mantener en su puesto a una persona acusada de un delito de malversación de fondos públicos.
Magdalena Álvarez asumió su cargo en el BEI en 2010 como parte de un acuerdo entre España y Portugal para rotar su representación en el Comité de Dirección de la institución. Su salario supera los 23.000 euros al mes. El mandato de Álvarez debería expirar en dos años, y de producirse su sustitución, el Gobierno tendría la opción de nombrar a otro representante español.
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Álvarez al filo de la navaja