Los jueces de la Audiencia de Sevilla ratificaron ayer la imputación de la exministra de Fomento (2004-2009) y exconsejera de Economía y Hacienda andaluza (1994-2004) Magdalena Álvarez en el caso ERE. Una decisión trascendental tanto para el devenir del sumario como para la propia Álvarez, que desde junio de 2010 es vicepresidenta del comité ejecutivo del Banco Europeo de Inversiones.
La confirmación de su imputación -fue inculpada por la juez Mercedes Alaya en julio de 2013 y, tras tumbarla parcialmente la misma Audiencia, reimputada en octubre- conlleva su salida del BEI en aplicación de su código ético.
Una portavoz del banco señaló ayer a este diario que están "analizando" el auto y que las acusaciones de malversación de fondos públicos son un asunto que el BEI cree muy serio. Pero no concretaron más sobre el futuro de Álvarez, cuya gestión en Fomento también está en cuestión tras destaparse el lunes un caso de posible fraude en el AVE a Barcelona bajo su mandato en 2008.
En paralelo a esta imputación, ya firme, la juez Alaya le ha impuesto una fianza civil de 29,5 millones que también ha sido recurrida ante la misma Audiencia Provincial. Cabe esperar que ratifique esa caución tras conocerse su parecer sobre la imputación. Los bienes de la exministra malagueña, como el lunes publicó elEconomista, cubren sólo el 7 por ciento de esa cantidad.
Su papel en la malversación
Álvarez está acusada por Alaya de malversación y prevaricación por su papel como consejera de Hacienda entre 2001 y 2004, y en especial por poner en marcha en 2003 el mecanismo presupuestario de las transferencias de financiación. En el auto, los magistrados de la Audiencia avalan la teoría de la instructora de que esas transferencias estaban ideadas para eludir los controles de la Intervención de la Junta y poder usar esos fondos -que la consejería de Empleo, autorizadora de los ERE, enviaba a Idea, pagadera de los mismos- sin control. Como ocurrió con 720 millones entre 2001 y 2010.
El auto de la Audiencia, tras recordar que la Cámara de Cuentas de Andalucía y los peritos de la Intervención General del Estado han de- sautorizado el uso de ese tipo de transferencias para pagar subvenciones, señala: es "innegable" que la instrucción ha permitido a Alaya detectar "indiciariamente" que el uso desviado de los fondos públicos quedó facilitado "y con ello desmesuradamente incrementado" gracias a la instauración de esas transferencias.
Aunque el auto admite que "la técnica en sí de la transferencia de financiación no es ilegal", considera que "no es irracional o arbitraria la hipótesis de entender que fuera introducida para propiciar lo que finalmente ocurrió". "¿Cómo entender si no que, pese a las alertas dadas, pudiera prolongarse sin control alguno durante unos diez años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria, de unos déficits de financiación de las ayudas del programa 31L [el fondo de reptiles para ERE] que ya en 2002 ascendía a 30,27 millones, a 38,22 en 2003, y en el año 2004 a 93,60 millones?", concluyen.
Otros ex altos cargos
Por otro lado, la Audiencia también apoya la línea de investigación de Alaya que defiende la connivencia de la exministra con "otros" altos cargos para la creación y mantenimiento de ese sistema fraudulento. "Es razonable la fundada sospecha surgida en el ánimo de la instructora de que ciertos cargos de relevancia, por razón de sus competencias, pudieron propiciar la instauración de este sistema ilegal, excluyendo expresamente que se tratase de todo el Gobierno andaluz".
En este sentido, Alaya preimputó en septiembre a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán -sucesor de Álvarez en Economía entre 2004 y 2009- y Manuel Chaves, así como a cinco exconsejeros, por su papel igualmente fundamental en el fraude, según la juez.
Entidades
El BEI se toma muy en serio las acusaciones