Sobre el papel, la normativa reguladora del pago y justificación de las subvenciones a la formación es en Andalucía más dura que a escala nacional desde 2009. En ese año, una orden de la Junta rebajó del 100 al 75 por ciento el porcentaje que el adjudicatario de la ayuda podría recibir por adelantado, quedando el 25 por ciento restante pendiente de cobro una vez se hubiera justificado el uso del dinero. La normativa que rige en el Sepe estatal, sin embargo, permite el adelanto del cien por cien de la ayuda.
En la práctica, la reiterada mala gestión de las subvenciones por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha impedido que esa normativa más garantista evitara el fraude.
No son sólo los dos informes más recientes de la Cámara de Cuentas -de final de 2012 y enero de este año- los que reflejan la falta de control, la ausencia de criterios homogéneos para conceder las ayudas en las ocho provincias andaluzas, el pago de subvenciones sin justificar a entidades de públicas dependientes de la propia Junta (la Faffe) o la eliminación del deber de justificación a criterio arbitrario del consejero de Empleo, entre otras irregularidades.
Puntos negros
Ni tampoco la Operación Edu, que la Fiscalía y la Policía Nacional desarrollan en Málaga desde inicios de año, las que han destapado la negligente gestión de los fondos para formación que ha hecho el SAE. Fue la propia Cámara de Cuentas, ya en 2004, la que, sólo dos años después de que el SAE se pusiera en marcha, ya recogía en su fiscalización varios puntos negros que se han mantenido hasta 2011, el último año en el que la Junta repartió subvenciones para la formación de desempleados.
Cabe recordar además que es la Consejería de Empleo la que gestionó los fondos para ERE, cuyo macrofraude se lleva instruyendo más de tres años.
En ese informe, la Cámara recogía cómo la Junta ya usaba un tipo de transferencias inadecuadas para traspasar fondos desde la Consejería al SAE para la concesión de subvenciones. Eran las transferencias de capital, cuando deberían haber sido transferencias corrientes, como el documento recuerda que se usan en el Sepe estatal y en otras autonomías.
También reflejaron los auditores la concesión generalizada de las ayudas sin concurrencia competitiva entre los adjudicatarios, a lo que se sumaba la ausencia de criterios homogéneos entre las ocho delegaciones provinciales.
Y es que la Junta retrasó deliberadamente -hasta noviembre de 2005- la adaptación de su normativa a la Ley General de Subvenciones de 2003 que fija que debe ser la concurrencia el método habitual de adjudicación.
También es relevante que ya en ese año 2004, de los 41 expedientes de formación profesional ocupacional correspondientes a 108 cursos, la Cámara no encontró en el SAE documentación de la justificación del uso de los fondos que sustentara el pago de los mismos en tres de cada cuatro casos.
Con este magma, por muy garantistas que traten de ser las normativas, el descontrol en la gestión de quienes las aplican hace que el fraude sea inevitable.
Ante ello, desde la patronal andaluza de empresas de formación, Cecap, se pide despolitizar la formación; profesionalizarla mediante un registro de empresas que cumplan unos estándares de calidad homogéneos; la adjudicación estricta de las ayudas mediante el proceso de concurrencia competitiva; sacar la formación del actual sistema de subvenciones y hacer que se rija por las normas de la contratación pública; y, por último, que se cuente con las empresas, y no se las ignore como hasta ahora, para reformar el sistema.
Entidades
"Taparemos esas lagunas"