La UDEF ha hecho llegar al fiscal jefe de Málaga nuevos informes sobre el posible fraude en los cursos para parados de la Junta de Andalucía, entre los años 2009 y 2012, que elevan sustancialmente la primera cantidad que se dio a conocer en primera instancia, y que rondaba los dos millones de euros. Ahora, el fraude se sitúa en ocho millones de euros, solo en la provincia de Málaga. Los agentes han vuelto a constatar la falta de control de la administración autonómica.
Las pesquisas, recoge este miércoles vozpopuli, se centran de momento en 17 empresas malagueñas que impartieron los primeros cursos detectados.
Fuentes jurídicas aseguran que estas investigaciones iniciadas hace un año, apenas están en su fase inicial, y aún sin judicializar. No obstante, recuerda este medio, la Fiscalía de Málaga ya tiene sobre su mesa varios informes de la UDEF sobre el mecanismo para defraudar dinero en los cursos de formación (los referidos a la resolución del 15 de diciembre de 2010 de la Delegación de Málaga de la SAE, Servicio Andaluz de Empleo, organismo dependiente de la Junta).
En esta investigación policial se detalla, entre otros datos, la existencia de compañías bautizadas como 'cazasubvenciones'. Empresas que presuntamente se creaban de modo simultáneo en varias provincias a través de la misma notaría, con el único objetivo de lograr múltiples adjudicaciones para impartir estas enseñanzas a desempleados y, una vez logradas, desaparecer.
Cursos en una trastienda
Conocedores de este informe -remarca VP- subrayan el caso de un mujer que solicitó esta subvención como autónoma y justo en este periodo investigado recibió cientos de miles de euros para impartir cursos que iban desde la enseñanza de inglés o alemán, a uno para la instalación de sistemas de comunicación. La aludida solicitante de estas ayudas utilizaba la trastienda del establecimiento de telefonía que regentaba en Málaga, y donde su marido actuaba como profesor. Así lo manifestaron al menos varios de los más de 250 alumnos interrogados en las últimas semanas en el transcurso de la investigación.
Otro ejemplo de fraude en este tipo de cursos fue la utilización de alumnos para sacar adelante el trabajo de una empresa que supuestamente daba el curso sin impartirles ninguna enseñanza. Cuando lo terminaban, a la mayoría de ellos se les obligaba a renunciar por escrito al contrato de seis meses al que supuestamente tenían derecho y por el cual la empresa había recibido la subvención.
Este martes, elEconomista se hacía eco de la actitud pasiva de la Junta ante los claros indicios de irregularidades y posibles fraudes que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha identificado desde hace al menos dos años.
Entidades
Fraude masivo de 2.000 millones de euros