El enfrentamiento entre PSOE e IU de la semana pasada a cuenta de la decisión de la segunda, vía su consejera de Vivienda Elena Cortés, de realojar en VPO públicas a ocho familias procedentes de un edificio de Ibercaja en Sevilla ocupado y desalojado por orden judicial, ha desatado el encontronazo más serio entre ambos socios de gobierno en el ecuador de la legislatura.
La crisis se desactivó en la madrugada del viernes cuando la presidenta Susana Díaz firmó un decreto que devolvía las competencias de adjudicación de VPO a la consejería de Cortés, las mismas que le había retirado un día antes por ese realojo.
Ni los múltiples y demoledores informes de la Cámara de Cuentas sobre la nefasta gestión del dinero público por la Junta ni los atestados y autos judiciales de los casos ERE e Invercaria que cercan a Díaz han tenido un efecto similar ni de lejos, paradójicamente. La posibilidad de que el pacto de Gobierno PSOE-IU llegara a romperse era y es, sin embargo, harto difícil al menos por tres razones de fondo.
Exconsejeros sin fuero
Las pesquisas de la Guardia Civil en los más de tres años de instrucción del sumario de los ERE, y las de la Policía en el de Invercaria, han dejado a las puertas de la imputación a varios pesos pesados de los Gobiernos del PSOE en los últimos 15 años. Los diputados autonómicos Francisco Vallejo (exconsejero de Innovación preimputado en los ERE y señalado en Invercaria), Antonio Ávila (exconsejero de Economía preimputado en los ERE), Carmen Martínez (exconsejera de Hacienda, en la misma situación) y Manuel Recio (exconsejero de Empleo, también en idéntica situación en el caso ERE) perderían su fuero ya que no repetirían en las listas del PSOE. Todos ellos tienen información clave del caso, y los socialistas no quieren que ninguno de ellos se vea a los pies de los caballos, es decir, a los pies de la juez Alaya una vez perdido el fuero que les protege ahora mismo. Ahora, sólo podrían ser imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (o el Supremo). Pero, por ahora, la juez se niega a elevar el caso a instancias superiores y sigue instruyendo.
A esos cuatro exconsejeros se suma el diputado socialista José Caballos, exlíder del PSOE de Sevilla y persona antaño muy cercana a la propia Díaz -que lideró el partido en la provincia hasta final del pasado año-. Caballos está señalado por el último atestado de la Guardia Civil como persona clave en la concesión de ayudas ilegales a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla. La información que posee es especialmente comprometedora para la presidenta, pero es harto difícil que repita en las listas del PSOE si se adelantan los comicios.
En la misma situación se encuentra el diputado socialista Carmelo Gómez, persona de confianza de Díaz en el PSOE de Sevilla y, desde final de 2013, en el PSOE-A, a quien la Guardia Civil acusa de cobrar sin trabajar de una de las empresas de Juan Lanzas. El principal conseguidor de los ERE, y uno de los cerebros del macrofraude, lo tuvo en nómina cuatro meses en 2007. Él ha señalado que cobró por el trabajo que le encargaron pero no ha explicado su relación con Lanzas. Díaz tampoco ha dicho palabra sobre esta relación. No está claro aún cómo afectarán a Gómez estos hechos a la hora de elaborar las próximas listas electorales, ya que no está imputado. Como tampoco José Caballos.
Encuestas desfavorables
En paralelo, las cuatro encuestas electorales realizadas por el centro Cadpea de la Universidad de Granada dibujan un panorama poco favorable para el PSOE. El partido no despega en intención de voto y el efecto de la sustitución de José Antonio Griñán por Susana Díaz ha sido nulo en términos de intención de voto -estancada en el 36 por ciento, casi cuatro puntos menos que los que obtuvieron los socialistas en los comicios de marzo de 2012. IU, sin embargo, crece claramente y ambos partidos siguen por encima del 50% de la intención de voto conjunta. Así, caso de reeditarse un nuevo bipartito, la coalición de izquierdas podría acaparar más poder del que tiene hoy -tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia-.
El PP, por su parte, vive instalado en la segunda posición tras las autonómicas, pese a lograr ser el partido más votado en la comunidad tanto en esas elecciones como en las municipales y europeas de 2011. La última encuesta de enero pasado no recogió aún la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente del PP andaluz, aunque sí reflejó la primera subida en intención de voto tras tres sondeos consecutivos a la baja. Mientras, el único de todos los partidos que crece de forma continua es UPyD (7,4 por ciento en intención de voto), que en 2012 se quedó a las puertas de obtener algún escaño con un 3,35 por ciento de los votos emitidos.
Valderas, investigado
El vicepresidente Diego Valderas (IU) está siendo investigado por la Guardia Civil por su papel en favor de la concesión de ayudas ilegales procedentes del fondo de reptiles para ERE en Huelva (su provincia natal). Valderas, que ha sido relevado en el liderazgo de IU Andalucía por Antonio Maíllo y no está claro que repita en la lista a los próximos comicios, perdería así su fuero. De ahí quizá su defensa acérrima del pacto de Gobierno.
Entidades
Así ha sido la crisis de Gobierno