El presidente del PSOE, José Antonio Griñán, ha defendido este viernes que "en democracia no es una tragedia adelantar elecciones". El expresidente de la Junta de Andalucía se ha pronunciado así al abordar la crisis que afecta al Gobierno de Susana Díaz con su socio de IU por la adjudicación de unas viviendas a un grupo de desalojados.
El presidente del PSOE, que pese a todo está convencido de que este gobierno "siempre ha funcionado bien, y de que debe tener la capacidad de pensar que ninguno de los dos tiene la razón en todo", no ha sido el único dirigente socialista en abordar la cuestión de la crisis andaluza. Valenciano, desde Sevilla, ha ponderado la firmeza de Díaz, y alentándola a continuar en esa dirección le ha manifestado su "orgullo por todo lo que está haciendo y cómo lo está haciendo".
El anticipo electoral -que no ha dejado de ser un rumor desde ayer, dadas las fuertes tensiones en el seno de la coalición formada por Izquierda Unida y los Verdes Andaluces- es solo un escenario que en ningún momento ha manifestado públicamente Susana Díaz.
La última encuesta realizada hace un mes por el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía dibujaba una foto fija que arrojaba un triunfo para los socialistas en las urnas. Un triunfo que en cualquier caso no les daría mayoría absoluta, de manera que, una vez más, el PSOE-A se vería obligado a pactar con otras formaciones políticas para susentar el Gobierno.
Derechos y legalidad
Hoy, representantes de los dos partidos que conforman el Ejecutivo andaluz (PSOE e IU) vuelven a sentarse a negociar. A primera hora de la mañana, Susana Díaz apelaba diálogo y entendimiento, no sin matizar, que "quien ocupa ilegalmente una vivienda no puede tener más derechos que quien cumple la ley"
Entretanto, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este viernes el decreto anunciado por su presidenta, Susana Díaz (PSOE-A), por el que se retiran a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IULV-CA, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica, que pasan a manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige la socialista María Jesús Montero.
El decreto publicado en BOJA reestructura la distribución de competencias entre consejerías para retirar a Fomento y Vivienda y asignar a Hacienda y Administración Pública "las competencias y funciones relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica en los supuestos previstos en el artículo 12, apartados 5 y 13, del decreto 149/2006 de 25 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, en materia de vivienda protegida y suelo".
La disposición cuyas competencias se retiran a Fomento regula los criterios de selección de destinatarios de vivienda protegida con recursos económicos limitados y alude expresamente a los "realojos transitorios en viviendas protegidas derivados de actuaciones en materia de rehabilitación o motivadas por otras circunstancias excepcionales".
Cayo Lara responde
Tambien a primera hora, Izquierda Unida convocaba de urgencia a su dirección colegiada en Andalucía para analizar la situación generada en el Gobierno andaluz.
La reunión ha sido convocada por el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, que suspende por este motivo toda la actividad programada esta mañana en Huelva junto al coordinador general de IU, Cayo Lara. Maíllo tiene previsto comparecer en rueda de prensa en Sevilla junto a Cayo Lara al término de la reunión para informar de las decisiones que puedan adoptarse.
Entidades
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