El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha justificado este martes la necesidad de separar por piezas el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía, que instruye la juez Mercedes Alaya, para darle agilidad, así como elevar al Tribunal Supremo (TS) la que se formaría en relación con los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros.
Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios al inaugurar un acto en Barcelona, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya reclamado a la juez que abra pieza separada por cada una de las ayudas investigadas y eleve al TS la investigación sobre los aforados al entender que ya está "agotada" en el juzgado.
Según Torres-Dulce, la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción es buscar más concreción y rapidez en la tramitación del caso y, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, ordenar el proceso en piezas separadas y aclarar la situación de todas las personas que pudieran tener algún tipo de responsabilidad.
Pese a expresar su respeto por Alaya, ha reiterado la necesidad de agilizar el caso y de decidir sobre la situación de unas personas "que no tienen por qué estar sujetas a un foro que no sea el que legalmente les corresponde, en este caso, ante la sala segunda del TS".
Por otra parte, sobre la entrada de inmigrantes a Ceuta tras saltar la valla de Melilla, Torres-Dulce se ha limitado a decir que para pronunciarse debe haber hechos "debidamente contrastados y con un apoyo legal" correspondiente.
La libertad condicional de Bolinaga
Además, ha defendido contrastar "periódicamente" los informes médicos del etarra condenado Josu Uribetxeberria Bolinaga, en libertad condicional desde septiembre de 2012 por estar enfermo de cáncer pese al criterio contrario de la Fiscalía, que no vio riesgo inminente de muerte.
Lo ha declarado después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que investiga a Bolinaga por el asesinato de guardia civil Antonio Ramos Martín, en 1986, haya reclamado al juez de Vigilancia Penitenciaria los informes médicos de los últimos seis meses del etarra.
Según Torres-Dulce, la decisión judicial de excarcelarlo por su salud "no puede ser estática y debe ser contrastada periódicamente por los informes médicos", para mantener el principio de legalidad y de que todos los españoles sean iguales ante la ley.
Nueva acusación contra Bolinaga