La violencia que acabó eclipsando las manifestaciones pacíficas de miles de personas de todo el país el pasado sábado, además de causar miles de euros en daños materiales y un centenar de heridos, ha abierto una singular guerra política entre administraciones dirigidas por el mismo partido: el PP.
Los disturbios en el centro de Madrid han sido aprovechados por la alcaldesa de la capital de España, Ana Botella, y por el presidente de la comunidad autónoma, Ignacio González, para volver a la carga sobre una antigua petición, la de restringir las manifestaciones en el 'cogollo' urbano.
Botella ha propuesto que haya espacios acotados por motivos de patrimonio histórico y turístico que salgan del itinerario de las manifestaciones, en clara referencia a la Puerta del Sol o el Paseo de la Castellana, en concreto, Recoletos, donde tuvieron lugar parte de las batallas callejeras contra los agentes antidisturbios el 22M.
Quejas de las autoridades
Tanto Botella como González se han quejado en anteriores ocasiones de las manifestaciones en el centro de la capital. La alcaldesa lo hizo hace un año, cuando vinculó el alto número de protestas en el centro al coste millonario que supusieron las concentraciones a las arcas del Ayuntamiento. El presidente de la Comunidad de Madrid, por su parte, también ha expresado su hartazgo a que todas las protestas culminen en la Puerta del Sol, frente a la sede de su equipo.
Ambas instituciones han representado la voz de los comerciantes de la zona, muy críticos con la continua celebración de concentraciones en el centro de Madrid ya que, aseguran, les hace perder volumen de negocio.
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid han dirigido en los últimos días sus reproches a Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en la capital, quien ha reiterado que ella no tiene la potestad de limitar las manifestaciones ni sus itinerarios, algo que solo puede hacerse en circunstancias puntuales contempladas por la ley en las que se pone en peligro con "razones fundadas" la vida de las personas o bienes. Son los tribunales los que, en última instancia, podrían determinar este tipo de cambios, y normalmente dan prioridad al derecho de manifestación, que es la postura defendida por Cifuentes.
La delegada del Gobierno blande su tesis desde un rincón cada vez más hostil, especialmente tras las últimas declaraciones del ministro de Interior, que calificó de "muy atinada" la propuesta de la alcaldesa de establecer un lugar específico en el que celebrar las manifestaciones. "Ningún derecho es absoluto", recordó Jorge Fernández Díaz.
Después de una semana, parece que Cifuentes se ha quedado sola dentro de su partido. La lectura política realizada por algunos analistas apunta a que tanto Ignacio González como Ana Botella han comenzado ya una guerra con vista a las elecciones municipales y autonómicas de 2015, para las que la delegada del Gobierno podría suponer una férrea -y poco deseable- rival.
El Gobierno niega la tesis de Interior
Este viernes, sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro que el Ejecutivo no se plantea acotar las manifestaciones en un espacio concreto para que no circulen por el centro de las ciudades, rechazando así las insinuaciones de Interior.
La vicepresidenta también defendió la necesidad de buscar el equilibrio entre quienes se manifiestan y los que no, pero usando los mecanismos ya previstos actualmente a través de la Delegación de Gobierno, con competencias para modificar itinerarios.
Entidades
La propuesta de Botella