El pasado jueves 13 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. La Lasee es el proyecto estrella del jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo.
La Lasee es la primera de este tipo aprobada en democracia. Los intentos anteriores fallaron por peleas de competencias entre los ministerios y las suspicacias en los partidos nacionalistas.
Hasta la fecha la normativa sobre la Acción y el Servicio Exterior se encontraba dispersa en diversas disposiciones de rango inferior al de ley. Así pues el objetivo de la Lasee o 'Ley Margallo' es suplir un importante vacío legal.
La ley convierte al Consejo de Política Exterior, órgano asesor del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, -creado en el 2000 pero apenas utilizado- en el instrumento destinado a asesorar al jefe del Ejecutivo sobre el despliegue del Servicio Exterior del Estado.
La norma obliga al Ejecutivo a presentar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, una Estrategia de Acción Exterior a desarrollar en cuatro años con las prioridades y objetivos a medio plazo. Su elaboración corresponde a Exteriores en colaboración con el resto de ministerios.
La Estrategia, dice el proyecto de ley, "recabará e integrará, en su caso" las propuestas de actuación en el ámbito exterior de los órganos constitucionales, las comunidades autónomas y las entidades locales. El Gobierno podrá omitir aquellas propuestas que no se adecúen a los objetivos de la política exterior que fija en exclusiva el Ejecutivo, si bien en ese caso deberá explicarlo.
La Estrategia se debatirá en el Parlamento antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. Para dar cuenta de su ejecución, el Gobierno elaborará, cada año, un Informe Anual de Acción Exterior.
Renovación estratégica
En previsión de esa disposición, el Real Instituto Elcano presentó el 24 de febrero el informe Hacia una renovación estratégica de la política exterior española. En él destaca la falta de pensamiento estratégico en España. Para corregir ese déficit Elcano se plantea una revisión general de las coordenadas geográficas de la política exterior española. Mantiene como prioridad la Unión Europea (UE) y la profundización de su supranacionalidad como objetivo.
García-Margallo reveló recientemente las aspiraciones españolas en el reparto de cargos en la UE: la cartera de Asuntos Económicos y Monetarios o la de Comercio Internacional y quizá la presidencia del Eurogrupo. También la del Grupo Parlamentario Popular y, posiblemente, de la propia Eurocámara durante la mitad de la legislatura.
España necesita un efectivo multilateralismo europeo para contrarrestar los excesos del poder de ciertas potencias.
Es un hecho que las estrecheces presupuestarias obligan a España a efectuar un repliegue estratégico. En este sentido el informe de Elcano sugiere igualmente disminuir la atención española a ciertas áreas, como Oriente Próximo o Asia-Pacífico, canalizando esos esfuerzos a través de la UE. Se liberan así recursos para América Latina o regiones que precisan una atención urgente, como son el Magreb y el Sahel.
Relaciones clave
A nivel bilateral se insiste en la profundización de relaciones con Estados clave como Brasil, China o EEUU. Dada la importancia sobre todo de China se apuesta por un mayor esfuerzo de las empresas españolas para conseguir una relación más equilibrada en el ámbito económico: China es el tercer proveedor de España, pero solo su cliente número once.
El peso de China va más allá de lo económico. Sus opiniones son determinantes para resolver problemas de la comunidad internacional como son el programa nuclear iraní, Siria o Ucrania. Además el gigante asiático está aumentando su presencia en áreas y continentes en donde España está muy presente, como América Latina o África.
Otras novedades del texto incluyen la creación de una carta de instrucciones al embajador recién nombrado que podrá incluir peticiones de CCAA.
Las decisiones sobre la reordenación de los medios que componen el servicio exterior del Estado (entre ellos apertura o cierre de embajadas y creación o supresión de plazas) pasa a ser una decisión más colegiada y no -como ocurría hasta ahora- una negociación exclusivamente entre los Ministerios de Exteriores y Hacienda.
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