Política

Instituciones del Estado critican la ley de seguridad ciudadana de Fernández Díaz

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

La presentación de este proyecto del Ministerio de Interior trajo consigo una inmediata contestación por parte de la oposición y, sobre todo, de grupos civiles y plataformas ciudadanas. No tardó en ser bautizada como 'ley mordaza', en tanto que fueron reprochadas las medidas y sanciones que incluía contra el derecho de manifestación y por conductas anteriormente no penadas. Pero algunas instituciones del Estado también la han criticado.

Instituciones estatales como el Consejo de Estado, la Agencia de Protección de Datos o el Consejo Fiscal están presentando obstáculos y señalando problemas en el texto en relación a la protección de la privacidad de los ciudadanos y de sus derechos y libertades, como relata el diario El Confidencial.

El caso más ambiguo lo presenta el Consejo de Estado, órgano consultivo de prestigio al que el ministro de Interior remitió el texto el pasado diciembre para revestirlo de categoría jurídica y respeto constitucional.

Sin embargo, algo más de un mes después el proyecto fue devuelto por el Consejo de Estado, justificando la falta de documentación pertinente para el correcto análisis del texto. A día de hoy, la documentación requerida no ha sido enviada a este órgano por Interior.

El Consejo Fiscal cuestiona el texto

A este primer obstáculo se suma un rechazo más explícito por parte del Consejo Fiscal, una institución que también revisa el correcto encaje de la norma con respecto a las leyes españolas. Este órgano, sin embargo, ha señalado que la conocida como 'ley mordaza' regula aspectos no ligados a la seguridad ciudadana, provoca inseguridad jurídica y limitaría determinados aspectos del derecho a la manifestación y la libertad de información.

Por su parte, la Agencia de Protección de Datos también ha visto problemas en lo referente a la creación de un archivo de sanciones administrativas, que permitiera registrar antecedentes de sanciones en este ámbito y que determinase la cuantía de nuevas sanciones en el caso de ser reincidente el sujeto.

Esta institución concluye que la ley no protege la privacidad de los ciudadanos que hayan sido sancionados por infracciones.

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