La exministra de Fomento y hoy directiva del BEI, Magdalena Álvarez, imputada en el 'caso ERE' desde julio pasado por su papel como consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004, hará frente a una fianza civil de 29,5 millones que ayer le impuso la juez instructora del macrofraude, Mercedes Alaya. La magistrada, en un auto que es recurrible, añadió otras dos fianzas del mismo tipo para el exviceconsejero andaluz de Hacienda y luego presidente de Renfe, José Salgueiro, por 22,1 millones; y para el secretario general de Hacienda entre 2000 y 2004, Antonio Estepa, por 8,8 millones.
Álvarez, destacada dirigente del PSOE andaluz en el pasado, señaló ayer que recurrirá esta fianza que considera "totalmente fuera de lugar". Especialmente, porque su imputación en el caso aún no es firme ya que está recurrida, y la vista en la Audiencia Provincial para decidir sobre ese recurso será el 23 de abril. La exministra defiende su inocencia, señala que colaborará con la justicia y que ni la Fiscalía ni la Junta pidieron medidas cautelares contra ella. Sólo Manos Limpias solicitó una fianza de 125 millones.
Álvarez está acusada por la juez de los delitos de malversación y prevaricación. Ya declaró dos veces ante la magistrada en octubre y noviembre pasados, la segunda motivada por el recurso de la exministra, que fue aceptado en parte por la Audiencia Provincial.
En su auto de ayer, Alaya la sitúa en el centro del nacimiento del sistema fraudulento de gestión del dinero público andaluz para pagar prejubilaciones y ayudas directas a empresas y ayuntamientos eludiendo el control de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Se trata, hasta la fecha, de la sexta mayor fianza civil impuesta por Alaya a algunos de los casi 150 imputados, aunque muy lejos de los 807 millones a los que hace frente el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández (ver cuadro adjunto). Con todas ellas, la juez pretende que las arcas públicas de la Junta recuperen la mayor parte posible de los 730 millones de euros con que contó el fondo de reptiles entre 2001 y 2010, que con las refinanciaciones e intereses de demora ha acabado costando 1.200 millones.
140 millones defraudados
En torno a 140 millones suma el fraude certificado hasta hoy, procedente de lo cobrado por quienes fueron incluidos en los ERE sin haber trabajado en las empresas que los presentaban -17 millones-; las sobrecomisiones pagadas por la Junta a las mediadoras Uniter y Vitalia y que, en parte, acabaron en manos de UGT, CCOO y otros intermediarios -al menos 50 millones más; y las ayudas directas concedidas a ayuntamientos sin procedimiento ni convocatoria ni expediente alguno -otros 72 millones-. Álvarez y los otros dos imputados, según el auto de la juez, "serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales" de 2000 a 2011, un procedimiento que "consistía en dotar a la consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas transferencias de financiación, legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones", ya que "su finalidad era financiar operaciones genéricas de los entes o empresas públicas".
Alaya calcula grosso modo el volumen de ayudas sociolaborales concedidas al amparo de dicho sistema entre 2000 y 2003 -Álvarez dejó su cargo en la Junta en febrero de 2004- y lo cifra en 177,4 millones. A partir de esa cantidad calcula los 29,5 millones impuestos. En julio de 2013, junto a Álvarez, fueron imputados otros 20 altos y exaltos cargos de la Junta.
La vicepresidenta del comité ejecutivo del Banco Europeo de Inversiones ha recibido el apoyo público del presidente del banco, Werner Hoyer, quien negó que en la institución se haya abierto ninguna investigación interna sobre la situación judicial de Álvarez. Eso fue lo que el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró en noviembre pasado. La exministra entró en el BEI tras dejar el Gobierno en 2009.
"Absoluta inocencia"