La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha impuesto fianzas de responsabilidad civil que suman 416.125,12 euros a dos exsecretarias del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada fija una fianza civil de 336.125,12 euros para María Ángeles Gala y de 80.000 euros para Rocío Sayago, a quienes la juez imputó en su declaración del pasado mes de diciembre un delito de tráfico de influencias y tres delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y omisión del deber de perseguir delitos.
Alaya considera que Gala, como responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo durante la época de Guerrero, y Sayago, como secretaria adjunta, habrían sido "conocedoras y partícipes de la tramitación de expedientes que sabrían que eran para la concesión de subvenciones sociolaborales, a sabiendas de la absoluta ausencia de procedimiento, y de que con tales expedientes se estarían repartiendo a discreción, sin criterio legal alguno, miles y miles de euros de fondos públicos".ç
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