La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la petición del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas (CiU), para declarar como testigo en el juicio contra los 20 manifestantes acusados del asedio al Parlamento catalán que se produjo el 15 de junio de 2011, que se desarrollará en la Audiencia Nacional entre el 31 de marzo y el 3 de abril.
En un escrito remitido este martes a la Sala de lo Penal, los fiscales Teresa Sandoval y José Perals rechazan la solicitud del jefe del Ejecutivo catalán argumentando que esta prerrogativa exclusivamente afecta a casos en los que el testigo hubieran tenido conocimiento "por razón de su cargo".
En el caso de Mas, sin embargo, el Ministerio Público sostiene que su declaración se producirá con la condición de "víctima o agraviado por la situación de coacción sufrida", lo que justifica, a su entender, la exclusión de la aplicación de este "privilegio", contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).
Además, la acusación pública argumenta que, si Mas declarara por escrito, "se vulneraría uno de los derechos fundamentales de todo acusado, el de interrogar al testigo directo y someter a contradicción su testimonio".
A ello añade que este "privilegio" ya fue utilizado durante la fase de instrucción y que tomarle declaración de nuevo por escrito conllevaría más "dificultades" que hacerlo de forma presencial y podría suponer la "inutilidad" de la propia diligencia, pues "el testigo podría limitarse a reproducir el informe ya presentado en su día en fase de instrucción".
Tampoco videoconferencias
La Fiscalía también rechaza la solicitud de la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, de declarar también por escrito pues en este caso su cargo "no se encuentra en el listado" previsto por la ley para acogerse a este privilegio. "En ningún caso puede ignorar el llamamiento judicial para comparecer en el juicio oral sin que sea admisible que declare en su despacho", señalan los fiscales.
De igual modo, se opone a que 33 testigos -los consejeros Ramón Espadaler y Santi Vila, la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, y 30 entonces diputados- declaren por videoconferencia. En el caso de estos tres, que pidieron declarar desde su despacho oficial, los fiscales señalan que, según la ley, su "privilegio desaparece cuando se trata de declarar ante el juicio oral", por lo que su petición resulta "absolutamente improcedente".
También argumentan que el derecho a un juicio con todas las garantías exige que el mismo se celebre "conforme a los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción" y que la "regla principal" que "rige para todos los ciudadanos" establece que las declaraciones de los testigos han de celebrarse "concurriendo ante el tribunal, es decir, en persona con coincidencia espacio-temporal".
En este sentido, agregan que la realización de las declaraciones por videoconferencia únicamente ha de realizarse, según la LECRIM, cuando existan "razones de utilidad, seguridad o de orden público" o bien cuando "la comparecencia resulte para el testigo gravosa o perjudicial y, especialmente, cuando se trate de un menor".
"Medios de locomoción"
"Ni la distancia geográfica entre el lugar de su residencia y el de celebración del juicio permite considerar gravoso el desplazamiento a la asistencia a la sede del tribunal, ni su estado o circunstancias personales avalan que pueda ser perjudicial la asistencia a la sede del juicio", señala el escrito.
También añade que la presencia de los testigos en la Audiencia Nacional no supondrá "riesgo alguno para su seguridad" ni "una presunta alteración del desarrollo de su actividad parlamentaria", que en todo caso podría subsanarse "haciendo uso de los más modernos medios de locomoción".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que condene a cinco años y medio de cárcel a los 20 manifestantes por un delito contra altas instituciones del Estado y otro de atentado contra la autoridad, al considerar que provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban acceder a la Cámara. Además, reclama que a cada uno de ellos se les imponga una multa de 7.500 euros.
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Así declarará Mas