Los tres inspectores de la Agencia Tributaria (AEAT) que comparecieron el pasado 25 de enero ante el juez del "caso Nóos", José Castro, y que exoneraron a la infanta Cristina de defraudar a Hacienda, negaron hasta en nueve ocasiones durante su comparecencia en los juzgados de Palma de Mallorca haber recibido órdenes o insinuaciones para actuar de determinada manera respecto de la hija del Rey. Torres-Dulce asegura que la Fiscalía no está "protegiendo" a la infanta Cristina
La inspectora que acudió en calidad de testigo, precisamente la que instó abrir una inspección a varias sociedades entre las que se encontraba Aizoon antes de que existiera la investigación judicial, defendió de forma rotunda su decisión de no incluir a Cristina de Borbón en el expediente a pesar de que compartía la titularidad del 50% de la mercantil con Iñaki Urdangarin. Negó además que nadie le insinuara que no incluyera a la hija del Rey en sus averiguaciones.
Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, esta funcionaria de la delegación de la AEAT en Cataluña relató que fue ella quien solicitó en noviembre de 2011 a su superior la apertura de un procedimiento respecto del Duque de Palma, su exsocio Diego Torres y la esposa de éste Ana María Tejeiro. El procedimiento afectaría al Instituto Nóos, Nóos Consultoría, Virtual, Shiriaimasu, Intuit y Aizoon y se abrió tras conocerse la retirada por parte Tejeiro de determinadas cantidades de las cuentas de Nóos en billetes de 500 euros.
A preguntas del fiscal Pedro Horrach, según la transcripción de las declaraciones, la funcionaria reconoció conocer desde el principio que una de las socias de Aizoon era la hija del Rey.
Si no instó la investigación contra ella, decisión de la que dijo asumir toda la responsabilidad, fue porque pudo constatar que pese a ser socia de la mitad de la mercantil la infanta "no constaba como autorizada en las cuentas de la misma, ni como administradora, no había participado en el movimiento de billetes de 500, no percibía rendimiento de trabajo alguno de la sociedad, ni tampoco dividendos." "No consideré oportuno cargarla", añadió.
En otro momento de la declaración, preguntada si es habitual investigar a una persona de la que se tiene un único dato de que es socia al 50%, la funcionaria contestó: "No, por supuesto que no, más que nada porque hay que buscar un punto de equilibrio entre la eficacia y la eficiencia de las actuaciones".
Tiempo antes de la prescripción
Según esta inspectora, como el expediente se inició el 30 de noviembre de 2001, la existencia de una posible irregularidad en el IRPF del ejercicio 2007 no hubiera prescrito hasta el mes de junio del año siguiente, por lo que ella hubiera dispuesto de unos meses para actuar, "después de haber ejecutado la primera carga del plan, si hubiera apreciado algún indicio de que laseñora infanta doña Cristina de Borbón y Grecia hubiera tenido alguna contingencia fiscal".
A lo largo del interrogatorio, la inspectora de la AEAT también reconoció que estaba legitimada para acceder en la base de datos a todos los referidos a la infanta, y que de hecho los consultó en "reiteradas ocasiones" sin que nadie le insinuara "en ningún caso" que no tenía que investigar a esa persona.
Apuntó que no tenía que requerir ningún permiso para hacerlo y que actuó según su propio criterio profesional en todo momento.
"Quiero remarcar que la propuesta la hice en fecha 30 de noviembre de 2011 y que en el curso del procedimiento no vi la necesidad de cambiar, en ningún caso fue cambiada, es decir, que el inspector regional adjunto cargó exactamente lo que esta actuaria le solicitó", concretó la funcionaria ante el juez y el resto de partes.
Al término de su declaración, y a preguntas del fiscal, esta funcionaria negó igualmente en dos ocasiones de forma rotunda que el hecho de que el informe jurídico sobre este expediente se remitiera a la sede de Hacienda en Madrid tuviera como objetivo proteger u obstaculizar que la infanta fuera imputada.
Igualmente negaron presiones los dos peritos de Hacienda, un hombre y una mujer, designados por el juez Castro en junio de 2012 para prestar auxilio judicial en la instrucción del caso.
Relación con Montoro
Uno de estos funcionarios, el varón, reconoció a preguntas de la Fiscalía que conoció al actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con ocasión de la revisión del modelo de financiación económica en 2002, pues ambos formaban parte del Consejo de Política fiscal y financiera, si bien hace doce años que no le veía.
En este punto, negó que hace doce años Montoro le insuara que tuvieran que tapar algo si ocurría con la infanta Cristina, y añadió que en la actualidad no ha recibido "en absoluto" ningún tipo de presión, coacción o insinuación por parte de ningún superior o responsable político.
En los mismos términos absolutos se pronunció su compañera en el peritaje, y ambos negaron igualmente que se les hubiera llamado "desde Madrid" para decirles que fuesen con cuidado "porque estaba la señora Cristina de Borbón". Ambos coincidieron en que sólo pueden recibir órdenes del juez, y que si recibiesen indicaciones de cualquier superior deberían denunciarlo.
Servicios a través de Aizoon
Por otra parte, la inspectora jefa del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares, que durante varios meses ha analizado cientos de facturas relativas al dinero que Aizoon pagó a la reforma de la vivienda que los Duques de Palma poseen en Barcelona y a otros gastos particulares, manifestó ante el juez que en unos casos era Urdangarin quien realizaba el encargo de estos servicios y en otros la infanta Cristina.
Así lo puso de manifiesto durante la declaración que prestó el pasado 25 de enero ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press, y en la que, a la pregunta del abogado de la Duquesa Jesús María Silva de si podía recordar alguna persona concreta que efectuara los encargos, respondió: "es Julita Cuquerella [asistente personal del Duque], en otros casos don Iñaki Urdangarin, en otros casos doña Cristina".
De hecho, en el caso de una de las facturas, relativa a clases de asesoramiento y 'coaching', la encargada de las sesiones explicó a la Policía que "Cristina fue la persona que me llamó" y adjunta a su respuesta, atendiendo a los requerimientos del cuerpo, constaba un resumen del tiempo que dedicó a ello la infanta: 29 horas y media de 2005 a 2007 y una hora por parte de Urdangarin en 2006.
En concreto, la mercantil propiedad de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se encuentra bajo lupa judicial por haber servido presuntamente de 'tapadera' para blanquear los fondos que de forma supuestamente ilícita recibió el Instituto Nóos y que el matrimonio habría desembolsado en atenciones de índole privada.
No obstante, la inspectora afirmó que durante estas investigaciones en ningún momento contemplaron que se hubiera incurrido en un delito de blanqueo de capitales. En cualquier caso, al ser inquirida por el fiscal Pedro Horrach sobre si hubieran tomado declaración a la infanta de haber detectado indicios, aseveró que "yo, policialmente, imposible. Tendríamos que remitirnos a Hacienda para que ellos determinasen si hubiese indicios o no".
Entidades
Iñaki Urdangarin Liebaert
Fundador del Instituto NóosCristóbal Montoro
Exministro de Hacienda y Administraciones Públicas
En defensa del fiscal Horrach