En una primera aproximación, lo sucedido en Burgos no sería más que un desentendimiento entre el gobierno municipal burgalés y el colectivo de un barrio de la ciudad..Los hechos escuetos no relatan, sin embargo, la singularidad de una reacción popular que ha trascendido de sí misma, se ha contagiado a otras urbes y ha configurado un movimento solidario de una magnitud que no tendría sentido si no encerrase un serio aviso de la opinión pública en su conjunto a la clase política, en general, y a los gobernantes, en particular. La Policía denuncia los nexos de la ultraizquierda de Gamonal.
La puesta en marcha de una obra, un aparcamiento público de propiedad privada, suscitó el rechazo de los vecinos, y las protestas terminaron disuadiendo al alcalde de la conveniencia de realizar la obra, que se ha descartado.
Las deudas del municipio
Los hechos son conocidos: el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, al frente de uno de los ayuntamientos más endeudados de España -cerró 2013 con una deuda oficial de 135 millones de euros, aunque algunas organizaciones aseguran que es mucho mayor ya que en parte estaría oculta-, no ha tenido más remedio que renunciar a las obras del bulevar del barrio de Gamonal para detener la protesta masiva y airada de los vecinos. Se ha dicho que entre los opositores al proyecto había "radicales", y probablemente sea verdad, pero también es inocultable que la inmensa mayoría de los vecinos se opone pacíficamente a una obra que costaría ocho millones de euros y eliminaría unos aparcamientos en superficie que son indispensables para los usuarios -que incluso, de noche, han establecido un sistema para aparcar en doble fila- para poder construir unas 250 plazas de aparcamiento subterráneo, que se venderían a unos 20.000 euros por unidad.
Javier Lacalle, del PP, que gobierna con mayoría absoluta, se resistía a detener el proyecto, alegando que las dos grandes formaciones políticas, PP y PSOE, lo llevaban en el programa electoral. En un país donde los programas electorales están para no cumplirse y en el que se ha traicionado con tanta frecuencia la letra y el espíritu de las promesas políticas, el argumento es débil. Y en todo caso, la democracia no consiste sólo en votar periódicamente: requiere aproximarse continuamente a la opinión pública y percatarse de que los programas electorales cerrados siempre se votan por aproximación ya que, como es obvio, los electores son entes complejos que no siempre coinciden milimétricamente con el conjunto de la oferta elegida.
Todo indica, además, que las razones de la protesta son tan fundadas como complejas y profundas. Burgos ha sido históricamente un nido de corrupción, y uno de sus alcaldes más longevos de esta democracia fue condenado por prevaricación, junto a sus cómplices, constructores locales, alguno de los cuales, tras salir de prisión, han conseguido mantener incomprensiblemente su acendiente social. Durante la burbuja, la vivienda burgalesa alcanzó los precios más astronómicos del país, tras las grandes capitales. Y hoy existe la sensación, nada infundada, de que la oligarquía local de toda la vida maneja todavía con suma facilidad los hilos políticos. En estas circunstancias, cuando la ciudad padece un paro insoportable, sufre las consecuencias de unos durísimos ajustes y no divisa en el horizonte ni rastro de la tan cacareada recuperación, es lógico que los ciudadanos se sientan burlados ante la ocurrencia del párking del barrio de Gamonal, en el que hasta las guarderías están a punto de cerrar porque no llegan las subvenciones prometidas.
Estas evidencias incendiaron Burgos y fueron advertidas por otros muchos ciudadanos del Estado que tampoco están dispuestos a consentir que se reproduzca la confabulación entre política y especulación urbanística que dio lugar a la burbuja, cuyo estallido nos ha traído hasta aquí. Ello explica que la revuelta se extendiera peligrosamente y que Madrid registrara brotes preocupantes.
La sociedad civil esta muy irritada y se indigna al ver que se habla mucho de recuperación económica sin que se advierta la más mínima mejora en la situación de los asalariados, aquejados por un desempleo dramático. De ahí que sea exigible que los responsables políticos actúen al menos con alguna sutileza. Sin ocurrencias como la de embellecer un barrio en el que faltan servicios esenciales. La violencia siempre es injustificable, pero también lo es la provocación política de los investidos de autoridad que piensan que sus ciudadanos se plegarán fácilmente a cualquier abuso.
Vecinos de Gamonal ocupan sucursales