La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado que el Ejecutivo será firme en su oposición a una consulta de autodeterminación en Cataluña por no ser constitucional y ha añadido que con esta misma firmeza defenderá también "el derecho de los catalanes" a la recuperación económica, a la creación de empleo y a que no se fomente "el enfrentamiento y la división social".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santamaría ha asegurado que será el Congreso el que decida sobre la proposición de ley aprobada en el Parlamento de Cataluña para asumir la competencia y convocar la consulta. "Las iniciativas que vienen en el marco que la Constitución establece se contestan políticamente y jurídicamente", ha dicho.
Ha añadido que el Gobierno seguirá trabajando para que el Estado de las autonomías funcione "en beneficio de todos, lo que se traduce en tener una política económica que ayude a salir de la crisis también en Cataluña.
En cuanto a la proposición de ley aprobada por el Parlament para que Cataluña reciba la competencia de convocar la consulta, la vicepresidenta ha señalado que el debate sobre su legalidad se producirá en el Congreso, aunque las posiciones de los principales partidos están claras: la soberanía reside en el pueblo español y "por su naturaleza, no puede ser delegada".
También ha aclarado que el Gobierno no tomará ninguna medida contra lo aprobado ayer en Barcelona, ya que no se trata de una ley sino que se inicia un proceso que será culminado en el Congreso.
Preguntada por la posibilidad de ampliar la autonomía catalana, Sáenz de Santamaría ha defendido el actual sistema territorial español y que las autonomías cuentan con competencias más amplias que en algunos estados federales. "Tienen importantes responsabilidades", ha insistido.
"España es probablemente de los Estados más descentralizados del mundo", ha dicho, apuntando que la administración central gestiona el 22 % del gasto público, las entidades locales otro 10 y el resto, las comunidades.
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