
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid puso este jueves en libertad al bombero arrestado por los antidisturbios en el marco de la manifestación que discurrió el miércoles por el centro de la capital en apoyo a los vecinos de Gamonal (Burgos). Varios centenares de compañeros de Santiago F.D., que según fuentes oficiales aún tiene una causa abierta por agredir en 2012 a dos agentes municipales, salió a la calle entre los vítores de sus compañeros.
El rifirrafe, en cualquier caso, pone de manifiesto el conflicto latente entre el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid (también el de la Comunidad) y las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.
Los Bomberos del Consistorio han denunciado este viernes "una campaña de acoso y derribo absolutamente injustificada" contra su compañero, antes de criticar a la Delegación de Gobierno de Madrid (a cuyas órdenes responde la UIP) y de anunciar acciones judiciales legales.
"Nuestro compañero no tiene ningún tipo de imputación ni antecedentes por agresividad hacia compañeros de la Policía Municipal ni con ningún otro miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Es bastante burda la maniobra de confundir los antecedentes policiales con los penales", sentencian los representantes sindicales.
Choque de cuerpos... y de políticas
Los bomberos insisten en que desde 2012 sufren esta persecución. Desde esa fecha se ha generalizado el apoyo de este colectivo a movimientos sociales contra los recortes, indignados y otros grupos de protesta. Así, desde junio de ese año -y sobre todo tras la manifestación del 19-J-, ha sido normal ver a estos profesionales en marchas y manifestaciones.
Poco a poco, la relación entre estos funcionarios ha ido empeorando. Como muestra un botón: sólo un año después, el 23-F de 2013, los bomberos (en este caso los de la Comunidad de Madrid) formaron un "cordón de seguridad" entre manifestantes y policías, "a petición de Mareas Unidas".
Por otro lado, también se han negado a participar en desahucios, siguiendo el modelo de los bomberos gallegos, que demostraron "estar del lado de la justicia social".
La pugna entre los dos cuerpos públicos también ha contagiado a la política, enfrentando a Ana Botella (alcaldesa) y Cristina Cifuentes (delegada del Gobierno en esta Comunidad). Así, el portavoz municipal, Enrique Núñez, daba "todo su apoyo" al bombero detenido, "un funcionario en acto de servicio". "Tendrá todo el apoyo de este Ayuntamiento y la asistencia letrada que estime conveniente", sentenció.
En el otro extremo, Cifuentes, defendía que "agredir a un policía es motivo de detención". "No querían retirar una manguera, empezaron a subir el tono y al final, en un momento dado, un policía le pidió la identificación al bombero y éste le dio un golpe con el casco", explicó en Telecinco. Los sindicatos policiales -SUP y SIPE, sin ir más lejos- también defendieron la actuación del policía en el incidente, que tuvo lugar en la calle Bárbara de Braganza.
Protestas por falta de medios
Pese al apoyo coyuntural de la alcaldesa a los bomberos, Botella no ha sido en los últimos años el hada madrina de estos profesionales. La falta de medios ha provocado que muchas veces este colectivo salga a la calle para reclamar sus propios derechos laborales. A veces, incluso, lo hicieron desnudos.
De hecho, la capital de España ha llegado a tener en ocasiones menos bomberos de guardia de los necesarios (120, según la Carta de Servicios).
Pese a todo, el tiempo medio de respuesta de este servicio es inferior a los 10 minutos establecidos por protocolo (concretamente 6,64 minutos) y, cada día, se activa una media de 46 alertas. En total, realizan unas 19.000 intervenciones al año.
Tras muchas críticas, Botella comprometió el pasado mes de diciembre 90 millones de euros para renovar el equipamiento de estos parques. Según la promesa municipal, los bomberos municipales llegarían a julio de 2014 con 1.610 efectivos (tras la convocatoria de 85 plazas de especialista, 35 de conductor especialista y 11 de oficial): "No se hará el más mínimo sacrificio para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de quienes visitan Madrid", dijo entonces la alcaldesa.