La ministra de Sanidad, Ana Mato, pondrá punto final a su política de copagos sanitarios ante la presión ejercida por los barones autonómicos del Partido Popular y el rechazo generalizado que este tipo de medidas suscita entre los ciudadanos. La suspensión de los pagos previstos en el transporte sanitario no urgente, ortoprótesis y dietoterápicos anunciada por la ministra el pasado lunes, como detalló elEconomista, se adoptó de común acuerdo con las consejerías de Sanidad en la reunión preparatoria del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de diciembre, aunque se prefirió no hacerlo público entonces, según explicaron fuentes ministeriales a este diario.
La abierta beligerancia de algunas comunidades gobernadas por el PP como Castilla y León, junto con la escasa voluntad mostrada por otras a la hora de aplicar nuevas aportaciones a los usuarios no han sido los únicos motivos para que el departamento que dirige Mato dé marcha atrás en sus objetivos.
Supuesto ahorro nada claro
Los ahorros potenciales de poner en marcha los tres nuevos copagos tampoco están claros, ya que los 70 millones calculados por el Ministerio en el caso del uso de ambulancias fueron cuestionados por el Consejo de Estado en un informe que advierte que el ahorro previsto puede verse "frustrado" por el coste que supondrá el sistema de gestión del cobro. Sanidad cifró ahorros de 60 millones e ingresos por aportaciones de 41 millones en los dos proyectos de órdenes ministeriales que regulan el copago en ambulancias y productos dietéticos.
Pero las regiones no tendrán el camino despejado de copagos, ya que Sanidad sí mantiene la aportación por los medicamentos de dispensación ambulatoria en hospital. Esta medida, que obliga a los pacientes no ingresados a pagar el 10% de su medicamento con un máximo de 4,2 euros, entró en vigor en octubre y se aplazó al 1 de enero, ya que ninguna CCAA decidió aplicarlo en clara rebeldía.
El hospitalario sí
Mato seguirá adelante con la polémica medida "por razones de equidad" frente a los ciudadanos que sí abonan parte de su medicación en la farmacia, a pesar de contar con la oposición de la secretaria general de su partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Sólo Galicia ha mostrado su intención de aplicar este copago, como marca la ley. Desde la Consejería de Salud se entiende que la medida no busca un ahorro, sino que está concebida para lograr la equidad en el acceso a los medicamentos.
La rectificación de Sanidad dio ayer la oportunidad a la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, para denunciar la "improvisación" y "falta de liderazgo" de Mato. Jiménez se mostró convencida de que el copago de medicamentos dispensados en farmacia hospitalaria tampoco se aplicará, al tiempo que criticó el "innecesario caos" que se está generando en la gestión de la sanidad pública.
Las asociaciones de pacientes y consumidores celebran también la decisión de Sanidad e incluso la Central Sindical Independiente y de Funcionarios aprovechó para reclamar al Ejecutivo que no aplique los copagos para el transporte sanitario no urgente y productos ortoprotésicos y dietoterápicos a los funcionarios que pertenecen a las mutuas Muface, Mugeju e Isfas, para que evitar discriminaciones.
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