
La decisión del grupo municipal del PSE en Vitoria de abstenerse ha propiciado este viernes la aprobación de una declaración de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento idéntica a la del Consistorio de San Sebastián con los votos del PSE, PNV y Bildu en la que se rechaza la última operación contra ETA al considerar que esta actuación "supone un obstáculo en el actual contexto político" que vive Euskadi y en la "esperanza" de que se "afiance" el proceso de paz. El lehendakari Urkullu: "Un paso atrás"
A diferencia de lo ocurrido en el Consistorio donostiarra, el PSE de Vitoria -con seis concejales- se ha abstenido en la votación de este texto, que finalmente ha contado con el rechazo sólo del PP -nueve concejales- y el apoyo de los doce concejales del PNV y EH Bildu, votos con los que la iniciativa ha salido adelante.
Esta votación se ha producido después de que la portavoz del PSE-EE, Idoia Mendia haya asegurado este viernes en Bilbao que la declaración de rechazo a la operación contra los intermediadores del EPPK apoyada por los ediles socialistas en San Sebastián es "la posición del Ayuntamiento" y no "la posición política del PSE".
El texto recuerda que en la operación policial se ha detenido a ocho ciudadanos vascos y considera que "este tipo de actuaciones suponen un obstáculo en el actual contexto político que vive nuestro país, así como sobre la esperanza extendida de que se afiance el proceso de construcción de la paz y la convivencia democrática".
La posición del Gobierno central
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado este viernes al PSE a que dé explicaciones, a los ciudadanos en general y a las víctimas del terrorismo "en particular", por su apoyo en el Ayuntamiento de San Sebastían a una resolución que tildaba de "obstáculo" para la paz la operación policial de esta semana contra el 'frente de cárceles' de ETA.
Al ser preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la 'número dos' del Ejecutivo ha defendido que sobre esta "polémica" quien tiene que pronunciarse son los concejales "afectados" y "el partido al que pertenecen".
Dicho esto, Sáenz de Santamaría ha apuntado que "lo normal" es que la oposición y los representantes políticos "exijan a los Gobiernos el cumplimiento y la aplicación de la ley". En cualquier caso, ha garantizado que, aunque "nadie" se lo pida, el Gobierno "cumple la ley, también en materia antiterrorista".