El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz asegura que los responsables de los departamentos de Tesorería y la Gerencia del PP dieron "cobertura a una facturación oficial ficticia" de las obras realizadas en su sede entre los años 2005 y 2011, en coordinación con la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo.
En un auto hecho público este viernes el magistrado indica, que esta facturación "sería liquidada con fondos existentes en el sistema económico vía cheque contra presentación de facturas y el abono de la parte restante de los trabajos ejecutados mediante fondos ajenos".
Ruz destaca que estos fondos guardarían "correspondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denominados 'papeles de Bárcenas'" en los que se reflejaban donaciones de empresas constructoras que superaban los límites establecidos por la ley.
Estos recibos, agrega, eran "liquidados con fondos existentes en el sistema económico vía cheque contra presentación de facturas y el abono de la parte restante de los trabajos ejecutados mediante fondos ajenos" que guardarían "correspondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denominados papeles de Bárcenas", en los que se reflejaban donaciones de empresas constructoras que superaban los límites establecidos por la ley.
El juez sospechaba que "la actividad delictiva investigada puede califarse de grave" y por ello ordenó en el mismo auto, de forma subsidiaria, "la entrada y registro" en la sede para elcaso de su requerimiento no fuera atentido por los 'populares'.
"Los hechos requieren para su total esclarecimiento la práctica de diligencias y gestiones" distintas a las desarrolladas hasta el momento, pone de manifiesto el auto que agrega que la incautación de la documentación podría permitir corroborar la comisión de delitos contra la Hacienda Pública.
Entrada y registro de la Policía
Ruz previó la entrada y registro por parte de la Policía Nacional para el periodo comprendido entre las seis de la tarde de ayer día 19 y la misma hora de este viernes, y autorizó también "el clonado y volcado y copiado de la documentación en soporte informático" incluyendo archivos o correos electrónicos, en particular los relacionados con Bárcenas, Lapuerta y Páez.
El secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 y dos miembros de la Unidad de Delincuencconómica y Fiscal (UDEF), uno de ellos experto en informática, se personaron en la sede de los populares pasadas las ocho y media de la tarde para obtener facturas sobre las obras de reforma que el PP realizó entre 2005 y 2011, que fueron solicitadas por el juez el 30 de julio y no se aportaron a la causa.
La comisión judicial ha permanecido en la sede central 'popular' durante más de 14 horas. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que los agentes han escaneado documentación y accedido a varios ordenadores situados en la planta sexta del edificio, donde se encuentran los departamentos de gerencia, tesorería e informática.
Rajoy: "No hubo registro"
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado su "pleno respeto" a la decisión del juez Pablo Ruz de enviar a la Policía Judicial a la sede del PP. De hecho, ha señalado que están "tranquilos" y ha añadido que ha dado "instrucciones" para que se colabore con la Justicia.
"Pleno respeto a las decisiones de la Justicia, esperamos sus resoluciones y estamos tranquilos", ha respondido el jefe del Ejecutivo cuando se le ha preguntado si está preocupado por ese registro.
En cualquier caso, Rajoy ha subrayado que "no se ha ordenado un registro" sino que "lo que se ha pedido es colaboración" y "se le ha dado". "Mis instrucciones siempre serán colaboración con la Administración de Justicia", ha enfatizado.
Documentos desconocidos hasta ahora
Ruz deja claro en su auto que los papeles que requirió a la formación "no eran conocidos hasta el momento" y no habían sido "aportados antes por la formación política".
En el auto de requerimiento en el que justifica la intervención policial, Ruz señala que en la documentación que el PP envió el pasado 10 de agosto (520 folios fotocopiados) sólo constan "cinco de los 17 documentos" que la formación presidida por Mariano Rajoy aportó el pasado 2 de diciembre a la Fiscalía Anticorrupción y que llegaron al juzgado el día 5.
En este sentido, justifica la decisión de enviar a Génova al secretario judicial de su juzgado, Javier Ángel Fernández-Gallardo, y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) después de que el PP haya "omitido" al instructor documentos que han resultado ser "de relevancia" para la investigación.
14 horas escaneando documentos