Carlos Fabra abandona definitivamente la escena pública. El exlíder del PP de Castellón y expresidente de la Diputación anunció ayer su dimisión como secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, con fecha 31 de diciembre, lo que supondrá también su cese como consejero de la Autoridad Portuaria de Castellón en representación del organismo cameral. La retirada de Fabra, comunicada a la presidenta de la Cámara, Lola Guillamón, se produce tres semanas después de haber sido condenado por la Audiencia Provincial de Castellón a cuatro años de cárcel por fraude fiscal. Fabra ya había abandonado el PP.
Al día siguiente de conocerse el fallo, Carlos Fabra dio una rueda de prensa en el hotel de Guillamón para decir que no pensaba dimitir, declaración a la que ningún representante empresarial ni del Gobierno valenciano puso reparos.
Desde entonces, Alberto Fabra se ha visto en varias ocasiones interpelado por la presencia del exlíder provincial en la Cámara, donde cobra un sueldo anual de 90.000 euros, un 32% más que el presidente de la Generalitat, y en el puerto, donde su nombramiento depende en última instancia del Ejecutivo autonómico.
El PSOE presentó una enmienda a los presupuestos de la Generalitat para reducir 90.000 euros las subvenciones a la Cámara de Comercio mientras siguiera Carlos Fabra. El PP la rechazó.
La compra de Valmor, al fiscal
Los socialistas valencianos anunciaron ayer que llevarán a la Fiscalía la existencia de un posible delito de malversación de caudales públicos en la compra de la empresa privada Valmor Sports, organizadora de las carreras de Fórmula 1 en Valencia, después de haber tenido acceso a documentos y contratos que probarían que "se conocía que estaba en quiebra" y que los administradores de Valmor "podían haber incurrido en responsabilidades civiles, societarias y penales y, pese a ello", los responsables del Gobierno valenciano "se comprometieron a exonerarles al menos por cuatro años", según explicó la diputada Eva Martínez.
La compra se firmó en marzo de 2012 y fue cuestionada por la Sindicatura de Comptes en su último informe, publicado en diciembre de ese año. Martínez, que ha tardado casi un año en tener acceso a los contratos, responsabilizó a Alberto Fabra y a la exconsejera Lola Johnson, recién nombrada secretaria autonómica de Comunicación.
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"Espero no ir a la cárcel"