Era poco realista la duda sobre si Artur Mas se atrevería o no a anunciar la pregunta y la fecha del referéndum de autodeterminación que se propone llevar a cabo. Cuando el presidente de la Generalitat decidió continuar presidiendo el Gobierno después del estrepitoso ridículo de perder doce escaños en las elecciones autonómicas adelantadas del 25 de septiembre de 2012, había que interpretar que estaba dispuesto a inmolarse completamente con tal de mantener el tipo en la aventura soberanista que, como se está viendo, había de calcinarle. En directo: todas las reacciones.
Y así ha sido: contra toda razón política, consciente de que el Gobierno y el Partido Popular que tiene mayoría absoluta parlamentaria no accederán a transferir a la Generalitat la competencia de convocar referéndum, ha querido dar la campanada final de esta carrera enloquecida, empujado al precipicio por Esquerra Republicana, que ya se ve al frente de la soñada "república independiente" que está en teoría al término de este proceso hacia ninguna parte.
El anuncio, que incluye una pregunta cargada de ambigüedad, ha dejado sin habla a Duran Lleida, pero también a una sector relevante de cuadros de CDC y a la mayoría de los electores de CiU. Lo que fue un pulso con el Gobierno encaminado a conseguir mejor financiación y más autogobierno se ha convertido en una confrontación en toda regla que en ningún caso acabará con el triunfo de quienes con más ahínco la provocan. Y esta confrontación, que tendrá consecuencias, es perceptible sobre todo en la propia Cataluña porque allí donde se abren todas las nuevas incertidumbres. La radicalización del Gobierno catalán - la pregunta, el desgraciado simposio España contra Cataluña- no agrada, con seguridad, a una fracción cada vez mayor de ciudadanos. La Cataluña culta y desarrollada de hoy es centrista y moderada, poco amiga del grito y de la radicalidad.
En todo caso, la virtud que tiene este paso dado por el gobierno catalán es el emplazamiento que supone para todos los actores que hasta ahora se mantenido entre dos aguas. Los empresarios catalanes, con La Caixa a la cabeza, deberán decir claramente si apoyan esta amenaza de ruptura, lo que ya no sería inocuo para sus cuentas de resultados, o si optan por la cordura y la marcha atrás. Y los propios ciudadanos tendrán que meditar intensamente el dilema, ya que las futuras encuestas de opinión serán elementos muy valiosos en el análisis de la situación.
El Gobierno, por su parte, que ha atinado con su negativa sin matices de la mano del PSOE, deberá sin embargo modular ahora su actitud porque la negación de soberanismo debe complementarse con la oferta de nuevas vías alternativas que tranquilicen y satisfagan las aspiraciones catalanas legítimas, que también las hay. En el marco multilateral, debe, en fin, lograrse un modelo de financiación mejor y más eficiente, basado en la racionalidad económica y en las balanzas fiscales. Y en el bilateral, el Gobierno del Estado no tendrá más remedio que aplicar estrictamente la legalidad frente a la escalada de presión, graduando la respuesta jurídica y mirando de reojo al artículo 155 de la Constitución, que sólo debería esgrimirse en el extremo más ardoroso de la disputa.
El bloqueo actual sólo puede cesar con la caída de Artur Mas y un acuerdo de CiU con el Gobierno del Estado en la búsqueda de la 'tercera vía', que sin ninguna duda existe y es practicable. Los esfuerzos de los actores de buena voluntad deberían ir todos en esta dirección, que habría de emprenderse con la conciencia de que el desenlace del este conflicto no puede ser ni la independencia de Cataluña ni el mantenimiento inalterable del statuo quo.
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