El proceso de selección de los miembros del jurado popular que se encargará de juzgar al expresidente del Gobierno balear Jaume Matas ha arrancado pasadas las 10.00 horas, una deliberación durante la cual serán elegidos nueve jurados y dos suplentes que serán quienes determinen si el exministro presionó a un hotelero mallorquín para que simulase la contratación de su mujer con el único objetivo de encubrir la dádiva de 42.111 euros que el empresario habría entregado al exministro como prebenda.
Se trata del segundo exlíder autonómico que será juzgado por un tribunal del jurado, después de que ya lo fuera el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, quien también se sentó en el banquillo acusado de un delito de cohecho -por considerar que, en virtud de su cargo, recibió de la 'trama Gürtel' regalos en forma de trajes-, si bien fue absuelto. En su caso, los miembros del jurado fueron escogidos tras nueve horas de deliberación.
Para el juicio cuyo inicio está previsto este lunes, Matas aún no ha hecho acto de presencia en la Audiencia Provincial de Baleares, donde numerosos medios de comunicación aguardan su llegada. La Fiscalía solicita para el exministro una pena de 9.000 euros de multa así como el comiso de los 42.111 euros cobrados de forma supuestamente ilícita.
Así pues, el expresidente de las Islas Baleares Jaume Matas volverá a sentarse este lunes en el banquillo de los acusados, esta vez por un delito de cohecho por haber presuntamente presionado a un empresario hotelero para que le concediese a su mujer, María Teresa Areal, un contrato ficticio por el que habría cobrado 3.000 euros al mes.
El fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, asegura que Matas, entre los meses de noviembre y diciembre de 2006, aprovechando su posición como presidente de Baleares, contactó con Miguel Ramis Martorell, dueño del Hotel Valparaíso de Palma de Mallorca, "al que solicitó que le entregase 3.000 euros al mes como regalo". Su objetivo era "incrementar sus recursos económicos personales".
Para aparentar que se trataba de ingresos oficiales legítimos, el acusado pidió a Ramis Martorell, según el fiscal, "que a través de su empresa simulase un contrato de trabajo con su cónyuge, María Teresa Areal, de una duración de un año para de esta forma recibir los 3.000 euros mensuales".
Ramis Martorell, que en su establecimiento había organizado actos y mítines del PP, "ante la ascendencia que le otorgaba a Matas al ser presidente del Gobierno de Baleares y presidente del partido en la comunidad, y la capacidad de influencia que le presuponía por los cargos que ocupaba, se sintió comprometido y presionado por esta petición, accediendo a las pretensiones de este último".
Salario mensual
El empresario, según el fiscal Horrach, era consciente en todo momento de que María Teresa Areal "no iba a desarrollar labor alguna para su empresa y que dicho monto mensual no era más que una simple prebenda o dádiva". Martorell "fingió la celebración de un contrato de trabajo con María Teresa Areal, que supuestamente debía desarrollar funciones de relaciones públicas para dicha compañía".
La empresa dio de alta a Areal en la Seguridad Social como trabajadora de la empresa Valparaíso el 1 de enero de 2007. A lo largo de 2007, contando dos pagas extraordinarias en junio y diciembre, la esposa de Matas cobró 42.111 euros netos.
Areal, tal y como había exigido Matas, "no desarrolló trabajo alguno para la empresa Hotel Valparaíso y ni siquiera acudió a la sede de la empresa durante el año que duró la simulada contratación laboral".
Ramis Martorel, finalmente, ordenó la rescisión del contacto de la mujer del entonces presidente balear "ante el coste económico que para su negocio representaba abonar una nómina mensual sin contraprestación alguna".
El fiscal Horrach pide que se condene a Matas al pago de una multa de 9.000 euros y a devolver los 42.111 euros que cobró su mujer. El representante del Ministerio Público le atribuye por estos hechos un delito de cohecho.
Rebaja de la condena
Matas ya fue condenado por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a seis años de prisión por realizar pagos fraudulentos con fondos públicos al periodista Antonio Alemany para que le escribiese los discursos y realizase una campaña para realzar su actividad política.
Pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado mes de julio rebajar la condena a nueves meses de prisión al retirarle los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Esta decisión supuso que el expresidente balear, que tiene varias causas abiertas, no tuvo finalmente que ingresar en prisión.
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