La tensión interna en UGT por la continua revelación de posibles casos de malversación de fondos públicos en Andalucía destinados a formación y asesoramiento de desempleados, fundamentalmente, subió ayer grados.
Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de la central y número dos de UGT a escala nacional, exigió ayer que desde Andalucía se den explicaciones sobre el presunto desvío de fondos de formación y se asuman las responsabilidades que sean necesarias "de una vez".
La cabeza de Fernández Sevilla
Una petición expresada en términos más contundentes que los utilizados el martes por el propio Cándido Méndez, secretario general de UGT, que pidió en general la asunción de las responsabilidades que sean necesarias. Fuentes internas del sindicato citadas ayer por Efe aseguraron que Méndez ha pedido ya la dimisión de Francisco Fernández, el líder andaluz de UGT, y de otros miembros de la ejecutiva autonómica.
Fernández, por su parte, aseguró ayer que baraja todos los escenarios, incluida la dimisión, pero que serán los afiliados al sindicato quienes "tienen que decidir sobre la evolución que están teniendo los acontecimientos". Lo harán, según detalló ayer otro alto cargo de UGT-A, el secretario de Organización, Manuel Ferrer, en un comité extraordinario a celebrar el próximo 9 de enero.
Un comité para dar explicaciones
La ejecutiva andaluza del sindicato decidió ayer su convocatoria, en la que Fernández dará cuenta de su gestión sólo seis meses después de llegar al cargo. Sucedió en el mismo a Manuel Pastrana, bajo cuya gestión se produjeron todos los casos de presunta malversación. Fernández era, en cualquier caso, el número 2 de UGT-A con Pastrana.
Manuel Ferrer precisó que junto a ese reporte del secretario general, toda la dirección andaluza pondrá sus cargos a disposición del comité extraordinario "asumiendo todas las responsabilidades sin descartar ninguna".
Por su parte, el PP andaluz aseguró ayer por boca de su portavoz parlamentario en Andalucía, Carlos Rojas, que hay una "connivencia" entre el sindicato y la Junta. Y ello por que, tras analizar diversos expedientes de subvenciones concedidos al sindicato en la consejería de Empleo, este partido ha apreciado una "falta de control reiterada" en los fondos públicos entregados a UGT-A.
"Prácticamente en todas las ayudas se han detectado reparos de la Intervención General", añadió Rojas, que aseguró que llevarán toda la información ante la justicia. Actualmente, UPyD y el sindicato Manos Limpias han llevado facturas presuntamente fraudulentas a la fiscalía de Sevilla, y será la juez de los ERE, Mercedes Alaya, quien instruya el caso.
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Sobres negros en el sindicato UGT