El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado por unanimidad el decreto ley por el que se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por un importe global de 70 millones de euros para este 2013.
En cualquier caso, aunque todos hayan respaldado su ratificación, todos han ejercido una dura oposición subrayando que estos 70 millones adicionales suponen un "parche" a la "mala gestión" de este Gobierno al frente de la mayor institución pública de investigación de España.
Pese a que la norma se haya aprobado este mismo jueves en el Congreso, el decreto ley entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado día 18 de octubre.
En defensa del mismo, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha subrayado que la intención de esta norma radica en garantizar la viabilidad y la estabilidad financiera del CSIC, de forma que se permitirá que los institutos puedan ejecutar sus proyectos y mantener sus contratos de investigación, así como el desarrollo de su actividad científica ordinaria.
Además, sostiene que con estos 70 millones se logrará alcanzar un nivel de ejecución análogo al del año anterior, así como dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, o hacer frente a las obligaciones con los proveedores y recuperar el nivel de remanente de tesorería que existía a principios de año.
"Una respuesta rápida y efectiva"
"Con la aprobación de esta norma el Gobierno ha dado una respuesta rápida y efectiva ante la situación de urgencia por la que atravesaba el CSIC. El decreto ley es muestra del compromiso del Gobierno con el CSIC y con el conjunto del sistema de I+D+i", ha subrayado.
Entre otros motivos que han llevado al Ejecutivo a aprobar esta norma, según De Guindos, se encuentra la situación delicada por la que atravesaba el CSIC cuando el PP llegó al Gobierno con un déficit total de 314 millones de euros, debido a un desequilibrio acumulado entre gastos e ingresos entre 2009 y 2012.
Con todo ello, ha recordado que en 2013 se han aplicado varias "medidas urgentes" para facilitar al CSIC el desarrollo de sus actividades, como la concesión de anticipos con cargos a las transferencias en los PGE 2013, que le permitió afrontar pagos hasta octubre; otro suplemento de crédito de 25 millones de euros en junio a través de otro decreto ley; así como estos 70 millones para hacer frente a los pagos con normalidad, y ejecutar los proyectos.
"El Gobierno ha preservado y garantizado en todo momento la estabilidad de la Ciencia española durante estos dos años de dificultades presupuestarias y tan pronto como nos ha sido posible hemos incrementado el Presupuesto para el ejercicio próximo", ha remarcado.
Un análisis del sistema de I+D+i
En este sentido, De Guindos ha recordado su intención de solicitar esta misma semana a la CE un 'peer review', es decir, una auditoria o análisis comparado del sistema español de I+D+i con los mejores estándares europeos, que comenzará el próximo año.
No obstante, ha precisado que los trabajos preliminares, como la selección de expertos en determinadas áreas de trabajo o la definición del calendario, se acometerán en próximas semanas. El informe definitivo estará a mediados del año que viene, con recomendaciones de actuación y mejora.
Alejandro Fernández, del PP, ha advertido de que la raíz de los problemas de financiación de esta institución científica pública se encuentra en el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que recortó un 30 por ciento sus partidas.
Pagar facturas o cerrar
Mientras, tanto el portavoz de I+D+i del PSOE en el Congreso, Miguel Cortizo, como el de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, han coincidido al criticar al Gobierno sobre su gestión en el CSIC que estos 70 millones servirán para pagar las facturas de la luz y que los investigadores no tengan que trabajar a oscuras, o bien para poder abrir los grifos del agua.
Por parte de CiU, Inma Riera, ha resaltado la mala situación por la que atraviesa la Ciencia española y ha manifestado que, aunque apoyará la convalidación "por convicción", hay que mirar a medio y a largo plazo y al conjunto de la I+D+i, que necesita de un incremento de su inversión.
Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha recriminado al Gobierno que tuviera que aportar adicionalmente los 100 millones de euros, una "cantidad ridícula", si se tienen en cuenta los créditos extraordinarios destinados al gasto militar o al rescate financiero, por ejemplo. "Voy a votar a favor porque prefiero el alivio frente a una situación catastrófica en el CSIC", ha remarcado.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha justificado su voto a favor de este decreto ley porque cree que si la economía debe apostar por algo es por la I+D+i. Eso sí, no ha dudado de que el próximo año De Guindos tenga que venir de nuevo al Congreso a pedir el respaldo de la Cámara para otro crédito suplementario en la materia.
Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha criticado que el Gobierno está matando de inanición del CSIC, al mismo tiempo que ha rechazado que siga sin modificarse el tope del 10 por ciento en la tasa de reposición.
Por su parte, Olaia Fernández Davila, del BNG, ha subrayado que si no se hace este esfuerzo de 70 millones de euros el CSIC tendría que cerrar sus puertas y el hecho de que hoy se pida el apoyo para este crédito extraordinario, a su juicio, es "reflejo de la mala política" del Gobierno en la materia.
UPN presentará una enmienda a la reforma del Código Penal
UPN presentará una enmienda a la reforma del Código Penal que está tramitando el Congreso de los Diputados para "impedir que personas condenadas por delitos de pederastia, xenofobia o terrorismo puedan impartir clases".
Según ha explicado Carlos Salvador este viernes, "estamos ante un problema grave que no debiera dejar a nadie indiferente". "Imaginemos a nuestros hijos recibiendo clases de personas con un historial delictivo como el de los recientemente excarcelados de la banda terrorista ETA", ha dicho.
En un comunicado, el diputado de UPN ha recordado que esta semana se ha reunido con los secretarios de Estado de Interior y de Justicia para tratar este tema y ha adelantado que en los próximos días mantendrá encuentros con otros grupos parlamentarios.
Asimismo, ha anunciado que UPN pedirá la comparecencia del ministro del Interior para que explique el informe de la Guardia Civil sobre la "instrumentalización" de la enseñanza pública navarra, algo "que le preocupa a UPN y a muchos ciudadanos que nos lo han transmitido durante estos días".
"No queremos que se mantenga una situación en la que un grupo afín al terrorismo, que además no se ha disuelto, tenga esa fortaleza y pueda instrumentalizar la red pública de la enseñanza que pagamos todos", ha concluido Salvador.
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