España se encuentra en uno de los momentos más críticos de sus relaciones con China de los últimos años, tras las órdenes de detención proferidas por la Audiencia Nacional a cinco altos dirigentes chinos (incluidos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng) por un supuesto delito de genocidio en el Tíbet.
Según publica El País, la crisis diplomática está muy cercana. China llamó el miércoles al embajador español en Pekín en señal de protesta, para expresarle su "fuerte malestar" por las órdenes de la Audiencia. Además, el portavoz de la diplomacia china, Hong Lei, también criticó esas decisiones: "Esperamos que las partes relevantes en España tomen con seriedad la preocupación china y no hagan nada que dañe a este país o la relación entre China y España". Una amenaza velada que ha puesto en alerta al Gobierno de Mariano Rajoy.
China es el segundo máximo tenedor de deuda española, y uno de los objetivos que se había propuesto el Ejecutivo para captar inversiones extranjeras. Cualquier paso en falso podría dar al traste con una relación económica muy importante para España. A su regreso de EEUU, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, presidió una reunión de urgencia para tratar el asunto. Como primera respuesta al gigante asiático, Exteriores ha reconocido que no puede influir en la decisión de los jueces por la división de poderes.
Contra el criterio del fiscal y el instructor
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional fue la encargada de emitir las órdenes de busca y captura, oponiéndose a los criterios del fiscal y el instructor de la causa. Las personas objeto de las órdenes son el expresidente Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng, el exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada popular Quiao Shi, el secretario del Partido Comunista en Tíbet entre 1992 y 2001, Chen Kuiyan, y la ministra de Planificación Familiar en la década de los ochenta, Peng Peiyun.
Existe la posibilidad de que a esta lista de cinco se le pueda añadir próximamente el expresidente Hu Jintao, que abandonó el cargo este mismo año. Al parecer, esto es más complicado, ya que a pesar de que se está tramitando su imputación (solo fata su notificación), las autoridades chinas podrían ignorarla cuando llegue el momento.
Las órdenes, tramitadas por Interpol, significan que los dirigentes pueden ser detenidos en cuanto salgan de territorio chino. El recurso por parte de China es difícil, ya que la inmunidad soberana que alegó desde el primer momento para los dirigentes carece de validez en España, cuya legislación solo reconoce esta inmunidad a presidentes en ejercicio.
En mitad de la tormenta, el Gobierno español trata de moverse, sin éxito, para calmar a sus socios chinos. La resolución del conflicto no parece clara, pero es crucial para el Ejecutivo de Rajoy que no se salde con una crisis declarada, para no perder a uno de sus mejores aliados económicos potenciales.
Entidades
La Audiencia Nacional imputa a Hu Jintao