Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda de la Junta (1994-2004), seguirá estando imputada en el caso ERE, tal y como la juez que lo instruye, Mercedes Alaya, decidió en un auto el pasado mes de junio.
Álvarez, hoy vicepresidenta del comité de gestión del Banco Europeo de Inversiones, fue imputada junto a otros 19 altos y ex altos cargos de la administración autonómica por su papel central en la configuración y materialización presupuestaria del fraude, según la juez.
La Junta de Andalucía, entonces presidida por José Antonio Griñán, decidió recurrir ese auto, pese a que actúa como acusación particular en la causa y pese a que la propia Fiscalía Anticorrupción apoyó la decisión de la juez. La Audiencia de Sevilla ha rechazado ahora este recurso de la Junta, a la que critica en su resolución por hacer "labores propias de una defensa".
La propia Álvarez también recurrió su imputación, y la Audiencia estimó parcialmente sus argumentos, lo que llevó a Alaya a tomarle declaración por segunda vez y volver, tras ello, a declarar su imputación. La exministra ha vuelto a recurrir esa imputación, en cualquier caso. Álvarez señaló en sus declaraciones que no sabía para qué eran las ampliaciones de crédito por 125 millones que autorizó entre 2000 y 2003, y que nutrieron la partida de la que salía fraudulentamente el dinero para los ERE. En su segunda declaración, derivó toda la responsabilidad de la gestión de esa partida en Empleo, asegurando que Hacienda no tenía ningún papel en la elaboración de los presupuestos más que encajar lo que llega desde cada consejería.
Los jueces de la Audiencia lamentan la "confusión de planos procesales" creada por la actitud de la Junta como recurrente, pues solo cuatro personas de los 120 imputados por los ERE se adhirieron al recurso de la Junta, "y dos de ellos, a mayor abundamiento, ni siquiera afectados por el auto apelado". También rechazan los magistrados el argumento de la Junta, que se presentó como "garante del proceso" para justificar su recurso: tal posición solo corresponde al Ministerio Fiscal, "quien, por cierto, solicita la confirmación del auto", y la Junta "interviene como acusación particular" y "no puede arrogarse potestades o facultades en el seno del proceso penal que no le corresponden".
Las sospechas del PP andaluz
En paralelo, el PP andaluz preguntó ayer en el Parlamento regional a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, por la actuación de la Junta para tratar de recuperar el dinero defraudado por los intrusos en los ERE (17,7 millones) y por empresas y ayuntamientos (73 millones). Hasta ahora, de los 103 expedientes finalizados sobre intrusos y los 138 sobre otros entes, se han recuperado 0 euros. El PP criticó la "falta de voluntad de la Junta".
Entidades
Álvarez deriva su gestión a Empleo