Política

El juez embarga a Urdangarin el palacete de Pedralbes

Los duques de Palma. EFE

Los duques de Palma podrían quedarse sin su palacete del barrio de Pedralbes, en Barcelona. El juez José Castro, que instruye el 'caso Nóos', ha ordenado el embargo preventivo de varios inmuebles tanto a Iñaki Urdangarin como a su antiguo socio Diego Torres para hacer frente a la fianza civil de 8,1 millones de euros impuesta a ambos el pasado 30 de enero -posteriormente se rebajó a 6,1 millones, al descontar el IVA- y evitar así un posible alzamiento de bienes.

Entre las casas incautadas destaca la mitad de esta lujosa mansión barcelonesa, valorada en 6,32 millones de euros, que el duque de Palma y su esposa, la Infanta Cristina, adquirieron en 2004.

En el auto publicado ayer, el magistrado también ordena requisar la mitad de cada uno de los tres pisos que los duques tienen en Palma de Mallorca, valorados en 1,2 millones de euros, de varias plazas de garaje y de un apartamento en Terrasa (Barcelona) inscritos a nombre de Aizoon, la empresa patrimonial que Urdangarin y la Infanta Cristina tienen al 50 por ciento.

Embargo a Diego Torres

Por su parte, Diego Torres se enfrenta al embargo de gran parte de su patrimonio, como la mitad del chalet que tiene en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) junto a su esposa María Tejeiro, también imputada en el 'caso Nóos', y que está valorado en dos millones de euros, según consta en el Registro de la Propiedad.

A su vez, el magistrado ha ordenado el embargo de la "mitad indivisa" de una vivienda en Mataró y un despacho profesional en Sant Cugat del Vallés a nombre de la entidad Virtual Strategies; el 50% de un inmueble en Mahón, propiedad de la sociedad Shiriamasu y de otros tres pisos en Palma, en la calle Marqués de Fuensanta, inscritos a nombre de Nóos.

Estas tres entidades fueron utilizadas de forma presuntamente fraudulenta por Urdangarin y Torres para blanquear los seis millones captados para organizar los congresos de Palma y Valencia.

Fianza civil

La fianza civil que se impuso al duque de Palma y a Torres es una medida cautelar con la que se pretende asegurar que se restituye el dinero público presuntamente malversado.

El embargo se lleva a cabo para evitar que puedan vender los bienes o cambiarlos de titular con el fin de declararse insolventes, y así no devolver los fondos públicos.

De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, tanto Urdangarin como Torres pueden seguir usando los inmuebles incautados e, incluso, venderlos hasta que la sentencia sea firme, pero al contrario de lo que sucedía hasta ahora, el comprador sabe que puede tener que hacer frente a un embargo, que pesará sobre los inmuebles en el Registro de la Propiedad.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky