La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre fue este jueves citada a declarar como testigo por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso de corrupción Gürtel, la red empresarial que habría agasajado a políticos a cambio de la concesión de contratos para sus empresas.
Ruz llama a declarar a la presidenta del Partido Popular madrileño dentro del caso que investiga la contratación de empresas vinculadas con Francisco Correa, el cabecilla de la red Gürtel, por parte de distintas consejerías de la Comunidad de Madrid, que ella presidía.
Aún no hay una fecha para la declaración, puesto que podría hacerlo por escrito por su calidad de expresidenta autonómica.
El juez explica que no existe "indicio alguno" en las diligencias practicadas hasta el momento de que Aguirre diera su consentimiento en las actividades irregulares de contratación. Sin embargo, considera que su testimonio es una diligencia "necesaria, útil e idónea" para saber si prohibió a su exconsejero de deportes Alfonso López Viejo contratar actos y eventos con Easy Concept SL, uno de los negocios de Correa, y corroborar así un vídeo de Aguirre incluido en un CD que obra en la causa.
López Viejo podría haber cometido los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación, y delitos contra la Hacienda Pública, al contratar irregularmente empresas de Gürtel.
Aguirre, por su parte, afirmó ayer que "estará encantada de colaborar con la Justicia para que se depuren todas las responsabilidades en el caso". El juez cifra en 8,7 millones de euros el importe pagado por la Comunidad de Madrid a las empresas de la trama Gürtel, que habrían obtenido un beneficio irregular de 4,9 millones. Este dinero se habría repartido en "abonos a favor" de López Viejo, comisiones a personas vinculadas con las empresas de Correa y un porcentaje del 5 % para la empresa Over.
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La reacción de la presidenta
