El volumen de las fianzas impuestas por la juez Mercedes Alaya a los altos y exaltos cargos de UGT y CCOO por su participación en el fraude de los ERE va a superar el millón de euros. A los 722.000 euros ya firmes contra el actual secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y contra el exsecretario de la federación minerometalúrgica de CCOO en Andalucía, Roberto Carmona, se sumarán con toda probabilidad los 353.000 euros que la fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía -personada como acusación en el caso- solicitaron ayer para Juan Antonio Florido.
El exsecretario de organización de la federación Fiteqa de CCOO en Andalucía percibió una póliza de prejubilación en la empresa malagueña Hytasal, donde según su relato trabajó desde los 15 años, cuando esta acometió un ERE en 2003, a lo que sumó otras cuatro pólizas pagadas por Vitalia, la intermediaria en ese expediente. En total, 265.000 euros.
La juez le acusó ayer de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias, ya que mediante su relación con el director de Vitalia en Andalucía en ese año, Jesús Bordallo, ofreció a esta mediadora la posibilidad de hacer negocio con empresas del sector químico o textil que estaban en procesos de reestructuración. A cambio, según la juez, recibió pagos mediante esas pólizas de prejubilación. Florido reiteró ayer ante la juez que el dinero que recibió fue legal, pero no aclaró por qué fue beneficiario de las pólizas más allá de la que le correspondía como extrabajador.
Recurso
CCOO Andalucía, por su parte, avanzó ayer que recurrirá la fianza de 471.000 euros impuesta a Carmona. Desde UGT fue ayer su secretario general, Cándido Méndez, quien aseguró que el sindicato acreditará en el procedimiento que sigue la juez instructora de los ERE que la organización cobró por un trabajo que permitió que casi 700 trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva accedieran a la prejubilación. En total, fueron 1.200 los trabajadores que perdieron su empleo por la crisis de la minería metálica a inicios de siglo.
La magistrada, apoyándose en la propia declaración del secretario de UGT en Cádiz, aseguró que los gastos por los que los sindicatos pidieron dinero a la mediadora en esos ERE de Huelva eran ficticios. Méndez señaló que eso "no es así", sin aclarar más.
También ayer, Alaya impuso una fianza de un millón de euros al exdirector de Presupuestos de la Junta entre 2009 y 2012, Buenaventura Aguilera, por el mantenimiento del sistema de las transferencias de financiación para dotar de fondos a la agencia Idea con los que pagar los ERE. Ese sistema se vino utilizando desde 2001 y el antecesor de Aguilera, y exnúmero 2 de la presidenta Susana Díaz en la consejería de Presidencia hasta agosto pasado, Antonio Lozano, afronta otra fianza de 46,6 millones de euros.
En el caso de Aguilera, la juez valora establecer una fianza sustancialmente más baja que la de Lozano no sólo que estuvo menos años en el cargo, sino que fue consciente de la ilegalidad del sistema e hizo en él algunos cambios, sin que desapareciera pese a ello hasta 2012.
La fianza civil más elevada hasta ahora se ha impuesto al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández: 807 millones de euros.
722.000 euros de sindicatos