El Palau de la Música ha optado por no inculpar a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en el expolio de más de 30 millones que sufrió la institución barcelonesa al considerar "no suficientemente probado" que el dinero desaparecido de sus arcas fuese al partido. Así consta en el escrito que la institución barcelonesa ha presentado como acusación particular ante el juez, que el pasado junio cerró la investigación del caso.
El Palau, en cambio, carga toda la responsabilidad de la fuga de fondos en el expresidente Fèlix Millet, en su exmano derecha, Jordi Montull, y en la hija de éste último, Gemma Montull, para los que solicita 81 años de prisión. La decisión del Palau de desvincular al partido de Artur Mas y no exigir responsabilidad civil alguna se produce pese a que el juez concluyó que el partido cobró presuntamente 5,1 millones de euros de Ferrovial a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública, camuflado como patrocinio, durante los gobiernos de Jordi Pujol.
En el escrito de acusación presentado contra un total de 14 personas, tampoco figura ningún cargo de Ferrovial. Esta empresa presuntamente abonaba una comisión del 4 por ciento del importe de la obra pública adjudicada, del que el 2,5 por ciento era desviado a Convergencia, mientras que el restante 1,5 por ciento era cobrado por Millet y Montull como pago por los servicios prestados.
Imputación judicial
Aunque desde la institución barcelonesa se ha optado por desvincular a Convergencia de la trama, el juez mantiene imputado al extesorero del partido Daniel Osàcar y la sede del partido está embargada por este caso. Asimismo, en las agendas de Millet y Gemma Montull se encontraron anotaciones de encuentros entre Millet, el exdiputado de CDC Jaume Camps, el extesorero del partido ya fallecido Carles Torrent, y Pedro Buenaventura por parte de Ferrovial. El portavoz del Palau de la Música, Carles Cuatrecasas, insistió ayer en que la entidad se reserva "de forma expresa" el ejercicio de acciones legales para reclamar "a cualquier entidad física o jurídica" el dinero que la sentencia crea probado que fue desviado de la institución, aunque en un proceso civil posterior. Por su parte, el abogado del Palau, de PWC, argumentó ayer que el organismo cultural "actúa sólo en defensa de sus intereses patrimoniales y que, de probarse que CDC recibió comisiones ilícitas a través de la entidad, esa conducta se enmarcaría en delitos contra la Administración Pública, a los que la entidad cultural es ajena". Los gestores del Palau señalaron que la inculpación de Millet y Montull se basa en "pruebas fehacientes" como retiradas de dinero en efectivo, obras en domicilios particulares, pagos de viajes, facturas falsas, desvío de fondos y estafa.
Entre los 14 inculpados están las esposas de Millet y Montull, así como Rosa Garicano, exdirectora de la Fundación Palau de la Música. También figuran responsables de empresas que trabajaban para el Palau y que supuestamente falsificaron facturas. Para estos acusados, las penas de prisión solicitadas oscilan entre uno y 15 años.
Entidades
El Palau pide 81 años de cárcel para su expresidente