La Diputación Permanente del Congreso ha rechazado, con la mayoría del PP, la comparecencia en comisión de la ministra de Fomento, Ana Pastor, para explicar qué medidas se tomarán, tras la imputación de responsables de Adif, en la seguridad ferroviaria por el accidente del pasado julio en Galicia.
El Grupo Mixto y el de la Izquierda Plural habían solicitado esta comparecencia aunque el diputado popular Andrés Ayala ha señalado que no hay motivo y que ve en la petición "oportunismo político". Ayala ha recordado que el debate se produce sólo cinco días antes del periodo ordinario de sesiones y a 18 días de la última comparecencia de la ministra en el Congreso.
La diputada Olaia Fernández Dávila del Grupo Mixto ha dicho que son necesarias responsabilidades políticas por el accidente ya que considera que se produjo por "más razones" que la imprudencia "o el despiste" de un maquinista.
Además, considera necesario que responda el porqué las medidas que se toman ahora en relación al sistema ASFA y en materia de señalización no se habían tomado con anterioridad, aspecto en el que ha coincidido Ascensión de las Heras de IP quien ha dicho que el accidente se podría haber evitado. El diputado socialista Rafael Simancas y la diputado de UPyD Irene Lozano han apoyado la petición.
Simancas ha dicho que solicitará a la mesa de la Comisión de Fomento que atienda su petición de crear cuanto antes la comisión de estudio para analizar y mejorar la seguridad ferroviaria.
Por otra parte, el PP ha dicho que "acepta" la propuesta del grupo socialista para que comparezca la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, porque ella "ha pedido hacerlo", según la diputada popular Carmen Álvarez Arenas.
El grupo socialista ha pedido que la ministra informe sobre la caída de los convenios colectivos por la desaparición de la ultraactividad y para que dé cuenta de las últimas actuaciones en materia de inspección y la puesta en marcha de un "buzón" electrónico para denuncias anónimas.
La diputada socialista Concepción Gutiérrez del Castillo (PSOE) ha calificado el "buzón" como un "torpedo de profundidad" dirigido a los organismos estatales de la lucha contra el fraude, mientras que el diputado de IP Gaspar LLamazares ha recordado que la delación no tiene "sustento legal".
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