Política

El análisis: Bárcenas hostiga a Rajoy

Bárcenas hostiga a Rajoy. Foto: Archivo.

Bárcenas, en la cárcel y asistido por el matrimonio Gómez de Liaño, se mantiene aparentemente callado, pero continúa saliendo a la luz un reguero de informaciones, en parte previsibles y en parte sorprendentes, que encierran progresivamente al Partido Popular y a su presidente en un atolladero cada vez más incómodo y sombrío.

La publicación por El Mundo del finiquito de Cristóbal Páez, el efímero sucesor de Bárcenas, pactado al parecer en la misma reunión del extesorero con Rajoy y con Arenas, constituye un hecho altamente sospechoso, ya que sugiere a las claras que se estaba comprando el silencio del empleado (como se sabe, Páez habría cobrado 350.000 ? más de los 111.500 ? que le correspondían legalmente). De un empleado que, al ser requerido por el juez, negó conocer la 'contabilidad b' pero reconoció haber cobrado un total de 12.000 ? en dinero opaco.

Las declaraciones a mediados de agosto de Cospedal, Arenas y Álvarez Cascos han enrarecido por añadidura el ambiente interno del PP, ya que, aunque no se conocen la literalidad de las deposiciones, parecería que ha comenzado una especie de 'sálvese quien pueda' del naufragio general.

Diligencias pendientes

Y aunque está próxima a finalizar la instrucción del 'caso Gürtel' y de su pieza separada el 'caso Bárcenas' (así se lo manifestó en julio Ruz a los suizos al solicitar el mantenimiento del bloqueo de las cuentas de Bárcenas), quedan varias docenas de diligencias pendientes que mantendrán el caso en candelero.

Este miércoles ha de comparecer Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, quien será informada del embargo de sus bienes al no haber depositado la abultada fianza que se le requería, y a continuación Ruz deberá resolver sobre las peticiones de comparecencia y de careos que han formulado las acusaciones privadas, y recibir vitales informes de la Agencia Tributaria y de la Intervención del Estado para tratar de identificar posibles cohechos, que serían los delitos más graves de la financiación ilegal si pudieran probarse (es obvio que los empresarios que entregan grandes cantidades de dinero a actores políticos pretenden obtener ventajas a cambio).

Quiere decirse que el caso, lejos de amortiguarse judicialmente, se mantendrá caliente y en las primeras páginas de los periódicos. Al propio tiempo, el PP deberá resistir desde este mismo miércoles el asedio parlamentario que le aguarda, y que en absoluto ha sido aplacado por la comparecencia de Rajoy del 1 de agosto, que dejó grandes lagunas en su propio relato de los hechos.

El PSOE, que parece haber descartado la moción de censura, busca ahora tan ruidosa como infructuosamente el camino de la reprobación de Rajoy, que obviamente no prosperará dada la mayoría absoluta del PP, pero es evidente que estas operaciones, que se producen en un clima de generalizada hostilidad al partido del gobierno, desgastan al partido y al gobierno y alcanzan eco en el contexto internacional.

Efecto negativo

Para entender el efecto negativo que esta situación provoca, basta ver cómo las autoridades gibraltareñas han encontrado un argumento salvador en su tesis de que la campaña española contra Gibraltar sería una cortina de humo de Rajoy para alejar el foco de la opinión pública que le señala con pertinacia.

Rajoy ha organizado una rentrée cargada de viajes internacionales (al G-20 a Rusia y a Argentina a asistir personalmente al desenlace de las aspiraciones de Madrid a ser capital olímpica en 2020), como si quisiera sacudirse la carga interna, pero no parece que el artificio vaya a servir de mucho. Además, el tiempo apremia relativamente porque el PP ha de situarse en disposición electoral con vistas a las elecciones europeas de mayo, en las que podría perder incluso la primacía si continúan las tendencias actuales.

Numerosos rumores, seguramente poco fundados, hablan de cambios en el Gobierno y en el PP, pero el propio Rajoy aparece demasiado involucrado en el problema como para que pueda imaginarse que una mudanza en el equipo que rodea al presidente del Gobierno es suficiente para resolver el problema.

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