Política

IU quiere crear un fondo estatal para pagar a quien delate casos de fraude fiscal

Gaspar Llamazares. Imagen: EFE

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que plantea la posibilidad de crear un fondo a disposición de la Agencia Tributaria (AEAT) para poder pagar a los confidentes que ayuden a destapar casos de fraude fiscal, así como considerar delito todas las actuaciones que permiten la evasión, incluyendo el asesoramiento.

En la iniciativa, la coalición recuerda que el fraude y los paraísos fiscales "atacan gravemente" el bienestar de los países y la redistribución de la riqueza, aumentando la desigualdad y la pobreza, acelerando la fuga de capitales de los países pobres, contribuyendo a la corrupción y la delincuencia organizada, y dejando a las administraciones públicas sin unos ingresos "imprescindibles" para garantizar el Estado social y para luchar contra la crisis.

Por eso, IU-ICV-CHA recoge en su iniciativa parlamentaria las propuestas para luchar contra este fenómeno tanto a nivel internacional como nacional que han planteado la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado y la Unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción.

Aplicación directa

Así, entre las medidas "aplicables directamente por el Gobierno" y que no dependen de ningún acuerdo internacional destaca la petición de que la Agencia Tributaria pueda pagar a los confidentes cuyas informaciones permitan aflorar o recuperar dinero defraudado al fisco. Además, exige que la AEAT tenga "acceso" a las listas de defraudadores que se han filtrado, como la 'lista Falciani' o la 'lista Lichtenstein', y critica que "la respuesta española (ante estos casos) ha dejado mucho que desear".

También propone potenciar la figura de la denuncia tributaria "para regular la participación del denunciante en el importe de la sanción" y permitir que la Inspección pueda actuar de incógnito para obtener información. Asimismo, la Izquierda Plural cree que debería equipararse como delito de blanqueo de capitales "todas las actuaciones necesarias para la evasión fiscal, incluidas las de asesoramiento".

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