España mantiene activados todos los pistones en el conflicto con Gibraltar y confía en que la Comisión Europea acabe con la maquinaria de presión británica. El Gobierno está convencido de que las misiones comunitarias previstas para revisar los controles fronterizos, el contrabando y el movimiento de capitales, en primer lugar; y para evaluar el impacto ambiental del arrecife artificial construido por las autoridades del Peñón en segunda instancia, probarán los argumentos de Madrid ante una crisis diplomática que amenaza con hacer descarrilar las relaciones de dos importantes aliados de la OTAN.
Ayer mismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que su titular, José Manuel García-Margallo, comparecerá en el Congreso el 3 de septiembre para dar cuenta del conflicto. Su intervención superará los muros parlamentarios y será especialmente seguida al otro lado del Canal de la Mancha, donde consideran que el desencuentro tiene principalmente una "motivación política". Su convencimiento de que la agenda doméstica del Ejecutivo está detrás de los "excesos" en los controles fronterizos ha llevado a Londres a amenazar con acciones legales y represalias contra España en la línea de las que tienen que soportar los ciudadanos que quieren cruzar la Verja. En Madrid, sin embargo, creen que la aceptación de Bruselas a sus planteamientos, como el de ampliar las tareas de los observadores comunitarios a áreas como la del tráfico de tabaco o la cuestionada fiscalidad gibraltareña, representa un paso de gigante, teniendo en cuenta las pruebas que ha presentado ya ante la Comisión.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy entregó un memorándum de denuncia de las reiteradas irregularidades que detecta en Gibraltar, tanto en materia de seguridad, como de cumplimiento con la legislación tributaria europea. Una situación que, defiende, está detrás del incremento de los controles fronterizos que generaron las fricciones con Londres y que obliga a las Fuerzas de Seguridad a intervenir. En la otra orilla del Cantábrico, no obstante, creen que la reacción no es más que el desquite por la barrera de hormigón instalada en las disputadas aguas del Peñón y una excusa para distraer la atención de los escándalos de corrupción que sobrevuelan al Partido Popular. La implicación de Bruselas representa, por tanto, la introducción de un árbitro imparcial cuyo dictamen deberá ser respetado por las partes, ya que ambas solicitaron la mediación comunitaria. Hasta la fecha, la UE se ha pronunciado a favor de Madrid en una denuncia anterior relacionada con los arreglos fiscales de Gibraltar pero, en este caso, el veredicto de la comisión tendrá un efecto psicológico adicional, ya que, desde la supuesta máxima neutralidad, su interpretación decanta la balanza ante una rivalidad histórica reabierta.
El origen del problema
El Ejecutivo español ha ganado munición con la admisión de sus demandas y, sobre todo, al asegurarse el beneplácito de Reino Unido a la intervención de la Comisión, a pesar de un creciente euroescepticismo que ha llevado a David Cameron a prometer un referéndum sobre la continuidad británica en los Veintiocho. La prioridad más urgente está volcada en la solución del conflicto pesquero, es decir, en la eliminación de los 70 bloques de hormigón instalados el pasado julio por parte de unas autoridades, las gibraltareñas, que invocan la protección de los recursos marinos como justificación.
El propio García-Margallo condicionó el pasado martes el reinicio de los contactos entre Madrid y Londres a la retirada de la barrera, pero la pelota está en el tejado de Europa. Si el comité supervisor que Bruselas remitirá a partir de la queja española no comparte la explicación británica, se daría lugar a un expediente sancionador que podría acarrear el pago de indemnizaciones a los pescadores. La cuestión es clave ya que el 25 por ciento de la actividad de la flota de la zona se centra en esas aguas. Hasta que se arregle la situación, el Gobierno ha habilitado dos nuevos caladeros para los pescadores de Algeciras y de La Línea.
Superada esta contienda, la aspiración española es propiciar el debate en áreas más estructurales como la soberanía, una espita que Madrid quiere reabrir, frente a la negativa de Londres mientras la mayoría de los 30.000 gibraltareños sigan teniendo a Reino Unido como referencia. Las autoridades españolas mantienen una estrategia combinada: por una parte, García-Margallo tiende la mano a crear foros ad hoc que incluyan a Gibraltar o la Junta de Andalucía y, por otra, mantienen la línea dura. Ayer mismo, el Ministerio de Interior ordenó a la Guardia Civil que impidiese el acceso al Peñón de camiones con arena de España. Su destino era el relleno para una promoción inmobiliaria y portuaria, pero la Fiscalía General del Estado abrió diligencias por la supuesta ilegalidad de la obtención de la carga, procedente de la playa de Valdevaqueros.
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"Tendremos que negociar"