El distanciamiento entre España y Reino Unido por el contencioso en torno a Gibraltar alcanza ya dimensiones kilométricas después de que Londres rechazase las apuestas mínimas planteadas por Madrid para retomar el diálogo.
El Gobierno británico desayunó este martes con la propuesta del ministro español de Exteriores, que lo instaba a "deshacer el daño ya causado, particularmente quitando los bloques" de hormigón vertidos al mar por las autoridades del Peñón, bajo la justificación de proteger los recursos marinos. En un artículo en The Wall Street Journal, José Manuel García-Margallo aprovechó además para introducir el debate de la soberanía, una cuña que no gustó nada en la ciudad del Támesis, a pesar de su oferta de aceptar nuevos foros que incluyan a las autoridades del Peñón y de la Junta de Andalucía.
Un portavoz de David Cameron subrayó que, si hubiese algo que analizar, sería únicamente el conflicto pesquero y, para escarnio del titular de la diplomacia española, limitó la participación de las conversaciones a Gibraltar y Madrid. Más allá de la pesca, advirtieron desde Londres, "no se habla" ni de la soberanía, que creen que "está clara", ni de la titularidad de las aguas, también asunto resuelto desde la perspectiva británica. Por ello, tampoco la invocación a las Naciones Unidas del discurso de García-Margallo en el diario norteamericano, titulada Tenemos que hablar de Gibraltar logró suavizar la determinación de Reino Unido.
España reabre el debate
El ministro español, sin embargo, mantuvo activa la línea referencial de la Administración de Rajoy en torno a Gibraltar: es "urgente" reabrir las conversaciones en materia de soberanía, ya que, en sus resoluciones, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas establece que las "situaciones coloniales" deben llegar a su fin. Además, como recordatorio, subrayó que el Tratado de Utrech, que en 1713 cedió indefinidamente Gibraltar a Londres, no incluyó la soberanía británica sobre las aguas, por lo que, para España, "no hay duda" de a quién pertenecen y, por si fuera poco, la instalación unilateral de un arrecife artificial de 70 bloques de hormigón no sólo daña los intereses de los pescadores, sino que, según García-Margallo, "hay una violación de las reglas más básicas de conservación natural".
Sin embargo, el Gobierno español ha dado en hueso duro con el Ejecutivo del Peñon. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, asegura que prefiere "congelarse vivo" antes de que las autoridades del Peñón retiren la barrera.
La pelota, por tanto, queda ahora en manos de las autoridades de la Unión Europea, que han accedido a investigar el caso a petición de Madrid.
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente remitió el pasado julio una queja formal a Bruselas, que ha accedido a poner en marcha una maquinara que, de confirmar la ilegalidad denunciada por el Ejecutivo español, podría dar pie a un "procedimiento de infracción", según confirmó ayer el portavoz de la Comisión Europea, Olivier Bailly.
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