La tasa de 50 euros que baraja aplicar el actual Gobierno de la Nación para entrar y salir de Gibraltar no supone una novedad puesto que en 2010, el entonces alcalde del Partido Popular en La Línea de la Concepción (Cádiz), Alejandro Sánchez, ya planteó dicha posibilidad e incluso llegaron a iniciarse las obras para reordenar el tráfico de acceso a la aduana y aplicar una "tasa de descongestión" para el tráfico rodado que no superaba los cinco euros.
En noviembre de ese año se vivió una situación similar a la actual en la comarca del Campo de Gibraltar, cuando Sánchez inició los trámites para cobrar esta tasa e incluso llegó a colocarse un bordillo en las inmediaciones de la frontera que ocasionó más de un episodio de tensión en la verja.
Finalmente no fue posible su puesta en marcha tras ser suspendida por un juzgado de Algeciras (Cádiz) a raíz de un recurso de la Abogacía del Estado promovido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La iniciativa del alcalde linense, que encontró la oposición frontal del PSOE desde el primer momento, fue avalada incluso por el entonces vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP y presidente del PP-A, Javier Arenas, que consideraba que el regidor gaditano había tomado esta decisión en defensa de los intereses del municipio.
Aduanas interiores
Pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, un juzgado de Algeciras suspendía cautelarmente la instalación por parte del Ayuntamiento linense de dos señales de tráfico que prohibían el giro de vehículos desde el municipio hacia Gibraltar, después de que la Abogacía del Estado presentase un recurso contencioso-administrativo contra la instalación de esas dos señales de tráfico, al considerar que la preparación del peaje suponía una "aduana interior" de "origen medieval".
Entidades
La cesión de Moratinos a Gibraltar