Política

Nueva denuncia contra el consejero de Justicia de Fabra por 'amaño' de adjudicaciones

El presidente valenciano, Alberto Fabra. Imagen: Archivo

La Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana ha registrado una nueva denuncia contra el consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, por seis adjudicaciones que hizo a la empresa Over Marketing, investigada en el caso 'Palma Arena', y Comunicación S.L. por 2.981.358 euros en su etapa en la Consejería de Sanidad, entre los años 2000 y 2003.

Así consta en la denuncia por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, que se ha remitido al fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), al ser éste el órgano competente para estudiarla puesto que Castellano también es diputado en las Cortes y, por tanto, aforado.

Junto a Castellano, la denuncia también se dirige contra otras tres personas que ocuparon altos cargos en la Consejería de Sanidad: Roberto Roig, quien fue secretario general; Máximo Caturla, exsubsecretario para los Recursos de Sanidad de la Consejería, y actual vicepresidente de la Diputación de Valencia; y Marciano Gómez, quien ostentó el cargo de subsecretario para la Agencia Valenciana para la Salud.

"Amaños en la contratación"

El origen de la denuncia se remonta a las declaraciones prestadas por el administrador de Over Marketing, Daniel Horacio, quien, según consta en el escrito, declaró, como imputado, ante el juez del caso 'Palma Arena' que su empresa se había beneficiado de contratación con la Generalitat Valenciana porque los contratos "fueron amañados" mediante la "artificiosa" práctica de invitar a tres empresas integrantes de su grupo a las ofertas de contratación pública sin publicidad, "para de este modo crear la ficción de la existencia de concurrencia y, finalmente, concretar el contrato con Over Marketing".

Al respecto, la asociación indica que aunque la declaración de Mercado fue en calidad de imputado, "lo cierto es que el contenido de sus manifestaciones acerca de la mecánica de la financiación irregular del PP en el archipiélago de las Baleares, que hace extensivo a la Comunidad, se ha evidenciado como cierto en el ámbito de las diligencias penales que se instruyen en las islas".

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